La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de Cercado manifestó su respaldo al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, luego de los señalamientos realizados por el Gobierno de Estados Unidos en su contra por presuntos vínculos con la protección al narcotráfico.
En diálogo con El Guadalupano Periódico Digital, representantes de la organización vecinal señalaron que cualquier denuncia o elemento que pueda comprometer a una autoridad boliviana debe ser tratado dentro del marco institucional y conforme a las leyes vigentes en el país.
La Fejuve Cercado sostuvo que corresponde defender la soberanía nacional y el funcionamiento de las instituciones bolivianas, evitando que acusaciones provenientes del exterior determinen por sí solas la situación de una autoridad del Estado.
Al mismo tiempo, la dirigencia vecinal aclaró que su respaldo a Mariaca no significa rechazar una eventual investigación. En caso de existir indicios o elementos que ameriten esclarecimiento, consideró que estos deben ser puestos a conocimiento de las instancias competentes.
La organización remarcó que cualquier proceso debe desarrollarse respetando la Constitución Política del Estado, las garantías del debido proceso y los procedimientos establecidos por la normativa boliviana.
El pronunciamiento se produce después de que Estados Unidos anunciara restricciones de visa contra Mariaca y señalara presuntos actos de corrupción relacionados con la protección al narcotráfico. El fiscal general rechazó las acusaciones y pidió respeto a la soberanía y a las instituciones bolivianas.
Por su parte, el Gobierno boliviano informó que solicitará a Estados Unidos información complementaria y elementos probatorios relacionados con los señalamientos, además de anunciar que las instancias correspondientes realizarán las investigaciones que correspondan.
En ese contexto, la Fejuve Cercado reafirmó su respaldo al fiscal general del Estado y sostuvo que cualquier investigación que pudiera surgir debe efectuarse mediante los mecanismos institucionales establecidos, garantizando el respeto a la legislación nacional y al debido proceso.
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