El alcalde de Tarija, Johnny Torres Terzo, se pronunció sobre la situación que involucra al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y sostuvo que cualquier cuestionamiento o investigación debe seguir los procedimientos establecidos por las instituciones competentes. La autoridad municipal señaló que, al tratarse de una autoridad electa, corresponde garantizar el debido proceso y permitir que se presenten los descargos antes de plantear cualquier determinación sobre su permanencia en el cargo.
En diálogo con El Guadalupano Periódico Digital, Torres manifestó que no corresponde exigir directamente la salida de Mariaca sin que previamente se desarrollen las actuaciones que correspondan en las instancias llamadas por ley. En ese sentido, remarcó que las investigaciones deben avanzar por los canales institucionales y que las partes involucradas deben tener la posibilidad de presentar sus argumentos y documentación.
La posición del alcalde se conoce luego de que Mariaca rechazara las acusaciones formuladas por el Gobierno de Estados Unidos, tras la decisión de restringirle el ingreso a ese país. El fiscal general negó los señalamientos y pidió que cualquier hecho relacionado con su gestión sea esclarecido mediante las instancias correspondientes.
Torres también puso énfasis en la necesidad de preservar la institucionalidad y evitar que las decisiones sobre autoridades públicas se adopten al margen de los procedimientos establecidos. Desde su perspectiva, cualquier investigación debe permitir que existan elementos suficientes para determinar responsabilidades, respetando las competencias de cada instancia y el derecho a presentar descargos.
En este contexto, el alcalde consideró que las diferencias, cuestionamientos o denuncias pueden ser analizadas dentro del marco institucional correspondiente. La Fiscalía, por su parte, ha señalado que continuará con las investigaciones bajo su competencia y que los hechos deben ser esclarecidos mediante los procedimientos respectivos.
Finalmente, Torres llamó a respetar las instancias establecidas y evitar decisiones anticipadas respecto a autoridades que enfrentan cuestionamientos. Su planteamiento se centra en que las investigaciones continúen por las vías correspondientes, se garantice la presentación de descargos y cualquier determinación posterior se adopte dentro del marco institucional.
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