
La gobernadora de Tarija, María René Soruco Campero, anunció la promulgación de una norma que establece que las gobernaciones dejarán de asumir con recursos propios determinados gastos correspondientes a competencias del nivel central del Estado. Entre los conceptos mencionados se encuentran el bono de vacunación, los prediarios y los certificados de bachilleres, obligaciones que durante los últimos años han representado una presión adicional para los presupuestos departamentales.

En diálogo con El Guadalupano Periódico Digital, Soruco explicó que la nueva normativa responde a uno de los planteamientos formulados por las gobernaciones dentro de la agenda de fortalecimiento de las autonomías departamentales. La autoridad señaló que este miércoles está prevista la promulgación de la ley y destacó la importancia de que las obligaciones nacionales sean financiadas por el nivel de Gobierno que tiene la competencia correspondiente.

La gobernadora recordó que durante las reuniones desarrolladas en Sucre en agosto se alcanzaron acuerdos entre las autoridades departamentales y el Gobierno nacional. En ese marco, sostuvo que uno de los compromisos establecidos fue que el Gobierno central asuma durante la presente gestión el pago del bono de vacunación, por lo que pidió que ese acuerdo sea respetado y aplicado de acuerdo con la nueva normativa.

El reclamo por estas obligaciones forma parte de una agenda más amplia impulsada por las gobernaciones, que buscan evitar que recursos departamentales sean destinados a cubrir responsabilidades atribuidas al nivel central. En septiembre, representantes técnicos de las gobernaciones también plantearon la liberación del financiamiento de cargas nacionales como el bono de vacunación, prediarios y títulos de bachiller, además de otras medidas vinculadas a la autonomía fiscal.
Soruco sostuvo que la aplicación de la ley deberá guardar coherencia con los compromisos intergubernamentales alcanzados previamente. En particular, remarcó que el bono de vacunación correspondiente a la gestión 2026 debe ser cubierto por el Gobierno nacional, posición que la Gobernación de Tarija ya había planteado durante las gestiones realizadas junto al sector salud.
Finalmente, la autoridad departamental señaló que la promulgación de la norma constituye un paso dentro del proceso de reorganización de las responsabilidades financieras entre los diferentes niveles de Gobierno. Desde la Gobernación se espera que los acuerdos de Sucre y las nuevas disposiciones permitan reducir la presión sobre las finanzas departamentales y avanzar en una distribución más clara de competencias y recursos.