La demora en el tratamiento del Plan Operativo Anual (POA) Departamental 2027 vuelve a generar tensión dentro de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT). El asambleísta Mario Cavero informó que la directiva del Legislativo departamental remitió una comunicación a su presidente, Álbaro Ojeda, solicitándole convocar a sesión para considerar el documento presupuestario enviado por la Gobernación. El trámite acumularía, según Cavero, 21 días sin llegar al pleno. Esta situación se produce después de que el POA fuera observado previamente por la Comisión de Hacienda y Finanzas por aspectos técnicos y documentación vinculada a su socialización.
En diálogo con El Guadalupano Periódico Digital, Cavero señaló que la solicitud de convocatoria no proviene únicamente de su bancada, sino que fue planteada desde la propia directiva de la Asamblea. El legislador sostuvo que se busca que el pleno pueda conocer y considerar la solicitud de la Gobernación, en medio de la preocupación existente por los plazos establecidos para completar el proceso presupuestario correspondiente a la gestión 2027.
El asambleísta afirmó que la demora podría derivar en consecuencias legales para las autoridades responsables del trámite, mencionando específicamente la posibilidad de que se planteen acciones por un presunto incumplimiento de deberes. Esta advertencia corresponde a la posición expresada por Cavero y no constituye, por sí misma, una determinación judicial sobre la existencia de responsabilidad penal.
La Gobernación, por su parte, viene solicitando desde mediados de septiembre que la ALDT acelere el tratamiento del presupuesto. El 24 de septiembre se reportó que habían transcurrido 15 días desde la remisión del POA y que todavía no se había fijado una fecha para su tratamiento. El presupuesto presentado contempla Bs 595.477.378, con Bs 383.732.970 destinados a inversión general, Bs 111.566.185 al servicio de la deuda y Bs 100.176.223 a gastos corrientes.
Sin embargo, dentro de la Asamblea también existen observaciones al proceso. La Comisión de Hacienda y Finanzas devolvió inicialmente el documento a la Gobernación tras identificar observaciones técnicas y solicitar documentación que respalde la socialización del POA. Posteriormente, sectores legislativos sostuvieron que el tratamiento debía considerar esos antecedentes, por lo que el retraso no responde únicamente a la falta de convocatoria, sino también a las diferencias existentes sobre las condiciones para continuar con el trámite.
Finalmente, Cavero sostuvo que todavía existe margen para completar el procedimiento y remitir la norma presupuestaria a las instancias nacionales correspondientes, evitando que el retraso afecte la planificación de la gestión 2027. El tratamiento del POA dependerá ahora de la convocatoria de la directiva, las observaciones pendientes y las posiciones que adopten las diferentes bancadas durante su consideración en el pleno.
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