El Gobierno de Luis Arce conformó una comisión de expertos, liderada por el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé y el exmagistrado José Antonio Rivera, para abrir la Constitución Política del Estado (CPE), con el único objetivo de alcanzar una reforma judicial que pasa por la modificación del artículo referido a la elección de jueces por voto popular.
El ministro de Justicia, Iván Lima, anunció que la Comisión de Asesoramiento encarará la reforma judicial en Bolivia y tendrá su primera sesión el próximo 3 de diciembre.
Dijo también que entre los 10 “destacadísimos” profesionales que ya aceptaron participar está el rector de la Universidad Andina José Luis Gutiérrez y el exministro de Justicia Carlos Alberto Goitia.
«Si se abre un debate sobre la reforma constitucional es solamente sobre el tema de la justicia, no se tocará ningún otro tema. Se va a revisar la elección de los jueces por voto popular y el tema judicial», afirmó.
LA SITUACIÓN
El 8 de noviembre, Rodríguez Veltzé afirmó que las autoridades judiciales deben ser elegidas por meritocracia y mediante consensos políticos.
«Las autoridades judiciales deberían elegirse por méritos y no a través del voto popular que ha sido un fracaso», señaló.
El 3 de diciembre de 2017 se efectuaron las elecciones judiciales, por segunda vez consecutiva, tras el primer proceso registrado en 2011. No obstante, en ese entonces, se impuso el voto nulo con más de la mitad de los sufragios, debido a los cuestionamientos a los candidatos a magistrados por su afinidad con el Movimiento Al Socialismo (MAS).
JUICIOS
Por otro lado, Lima informó que se gestiona el tratamiento, en la Cámara de Diputados, del proyecto de ley 240 para agilizar los juicios de responsabilidades.
«El proyecto de ley 240 estaba aprobado por la Cámara de Senadores y solo faltaba la aprobación en Diputados; el trámite ya está corriendo para aprobar esa propuesta normativa», afirmó.
Precisó que el proyecto de ley modifica las leyes 044 y 612 relacionadas con el Juzgamiento del Presidente, Vicepresidente, Altas Autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Ministerio Público.
«Esperemos que el proyecto de ley sea tratado la próxima semana en la Asamblea Legislativa y les reitero que va en la línea que garantizará este Gobierno (que es que las víctimas) hallen justicia, que no haya más impunidad y que no haya más normas que obstaculicen los juicios de responsabilidades», expresó el Ministro de Justicia.
El anuncio surge luego de que Lima informó que solicitó a la Cámara de Diputados el inicio de un juicio de responsabilidades contra los tres miembros del Consejo de la Magistratura: Dolka Gómez, Gonzalo Alcón y Omar Michel, por haber incumplido la aplicación de la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal, aprobada en mayo de 2019.
Debido a esto, los tres magistrados fueron denunciados por el delito de incumplimiento de deberes.
La autoridad señaló que Gómez, quien también es presidenta del Consejo de la Magistratura, justificó el retraso en la aplicación de esa ley por la emergencia sanitaria del COVID-19, no obstante, la pandemia inició en marzo y ellos debían cumplir con esa obligación en febrero.
«Mientras no funcionen todos los sistemas de gestión y la reforma de la Ley 1173, vamos a mantener ese juicio de responsabilidades», aseguró.
Se prevé que el proceso en la Asamblea Legislativa Plurinacional dure 60 días y concluya con su suspensión o no por dos tercios de votos.
Destacó que, tras las advertencias de juicios, los consejeros de la Magistratura ya dispusieron le nombramiento de 140 jueces, sin embargo, advirtió que de continuar acefalías seguirá con otro juicio de responsabilidades.
“Los funcionarios auxiliares, secretarios, oficiales de diligencia, administrativos no se están nombrando porque el Consejo no saca convocatorias. Si no tenemos convocatorias este fin de semana para todos esos cargos, vamos a tener que retomar el juicio responsabilidades”, manifestó.
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