El Concejo Municipal de Tarija analiza un proyecto de ley denominado “Peso Justo”, destinado a fortalecer los mecanismos de control sobre la cantidad de productos comercializados en los diferentes centros de abasto municipales.
La propuesta fue presentada por la concejal Marysabel Romero Lea Plaza y plantea incorporar balanzas públicas de verificación, controles periódicos y un régimen de sanciones para los establecimientos que entreguen una cantidad inferior a la adquirida por los consumidores.
En diálogo con El Guadalupano Periódico Digital, Romero explicó que la iniciativa busca proteger la economía de las familias, especialmente en un contexto de incremento del costo de vida.
Señaló que situaciones como pagar por un kilogramo de un producto y recibir una cantidad menor representan un perjuicio directo para los consumidores y afectan con mayor intensidad a los sectores que cuentan con menores ingresos.Uno de los principales componentes del proyecto consiste en la instalación de balanzas públicas en los mercados municipales. Estos equipos permitirían que los compradores puedan verificar de manera gratuita e inmediata el peso de productos como carne, azúcar y otros alimentos que forman parte de la canasta familiar, antes de retirarse del centro de abasto.
La propuesta también contempla establecer mecanismos de fiscalización sobre las balanzas utilizadas por los comerciantes. Para ello, se plantea realizar inspecciones y procesos de calibración periódica, con el objetivo de garantizar que los instrumentos empleados para determinar el peso de los productos funcionen correctamente y entreguen mediciones confiables.
Romero señaló que la iniciativa responde además a planteamientos realizados por organizaciones vecinales y asociaciones de adultos mayores, sectores que, según explicó, han expresado preocupación por la pérdida del poder adquisitivo y el impacto que tienen pequeñas diferencias en el peso de los productos sobre el presupuesto familiar. El proyecto busca institucionalizar estos controles para que la administración municipal cuente con herramientas permanentes de fiscalización.
En cuanto a las medidas previstas ante posibles irregularidades, el proyecto establece un régimen progresivo de sanciones. Entre las acciones planteadas se encuentra la restitución inmediata del producto faltante, además de multas económicas y, en casos de reincidencia, la posibilidad de aplicar la clausura del establecimiento, de acuerdo con el procedimiento que determine la normativa.
Finalmente, la propuesta de “Peso Justo” deberá continuar el procedimiento legislativo correspondiente antes de convertirse en una norma municipal. De ser aprobada, establecería un mecanismo permanente de verificación del peso en los centros de abasto, con la finalidad de brindar mayores herramientas de control al municipio y facilitar que los consumidores puedan comprobar que la cantidad adquirida corresponda efectivamente a la pagada.
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