El Gobierno nacional confirmó la deportación del exministro del gobierno de Jeanine Áñez, Arturo Murillo, desde Estados Unidos a Bolivia, donde deberá enfrentar dos sentencias y varios procesos judiciales en su contra.
«Hemos acompañado de manera constante el proceso de deportación, a fin de garantizar que el exministro pueda responder ante la justicia boliviana por las condenas y procesos en curso», afirmó la canciller Celinda Sosa en conferencia de prensa.
Murillo fue detenido el 24 de mayo de 2021 en Estados Unidos, acusado de conspiración para el lavado de dinero y sobornos, relacionados con la compra irregular de material antidisturbios durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez.
En enero de 2023 fue sentenciado a 70 meses de prisión por una corte federal, tras declararse culpable. No obstante, fue liberado anticipadamente en junio de este año por buena conducta y trasladado a un centro de detención migratoria, desde donde se concretó su deportación.
La ministra de Justicia, Jesica Saravia, recordó que el Ministro de Gobierno del régimen de Añez cuenta con dos sentencias ejecutoriadas en Bolivia.
La primera, por el denominado caso «Gases Ecuador», se refiere al ingreso irregular de armamento desde ese país y contempla una pena de cinco años y cuatro meses.
La segunda, por el caso de los «gases lacrimógenos», involucra una compra con sobreprecio que generó un daño económico millonario al Estado y le valió una condena de ocho años.
«Estos procesos han sido llevados respetando el debido proceso, y Murillo tuvo representación legal en todos ellos. Ahora esperamos que cumpla las condenas impuestas y se someta a la justicia boliviana», señaló Saravia.
Asimismo, recordó que el exministro también está vinculado a otros casos, como la masacre de Senkata, y enfrenta acusaciones por lavado de dinero.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, explicó que la empresa intermediaria utilizada en la compra de los gases lacrimógenos tenía irregularidades y generó un daño económico millonario.
Ríos detalló que, una vez que Murillo llegue al aeropuerto de Viru Viru (Santa Cruz), será identificado y registrado por personal de Interpol, Migración y la Policía Boliviana.
Posteriormente, será trasladado a El Alto y entregado al Ministerio Público, que ejecutará las órdenes de aprehensión vigentes. El proceso culminará con su traslado al penal de San Pedro, donde deberá cumplir las condenas impuestas.
«Una vez que el Ministerio Público tome conocimiento, todo será remitido ante un juez. Esperamos que la justicia determine lo que corresponde, dando cumplimiento a las sentencias emitidas, y posteriormente decida su traslado al recinto penitenciario de San Pedro, donde deberá cumplir la condena. Sin embargo, siendo respetuosos de la independencia de los órganos judiciales, será la justicia quien determine la situación jurídica final del señor Murillo», explicó el titular de Gobierno.
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