La defensa de Jair Bolsonaro rechazó este miércoles ante el Supremo Tribunal Federal que el expresidente brasileño participara en un complot golpista y redujo la acusación de la Fiscalía a unas meras «suposiciones», en una sesión que ha dejado el juicio listo para que se entregue la sentencia.
«No hay nada, no existe absolutamente nada contra Bolsonaro», aseveró Celso Vilardi, uno de los abogados del exmandatario, ante los cinco jueces de la Primera Sala del Supremo Tribunal, que la semana próxima retomarán las sesiones, ya en fase definitoria.
La defensa desvinculó a Bolsonaro de la trama golpista que, según la acusación, buscó impedir la asunción del actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, y mantener al líder ultraderechista en el poder, pese a su derrota en las elecciones de 2022.
Vilardi redujo los hechos a «meros actos preparatorios» que no pueden ser objeto de pena, pues en ningún momento hubo «violencia o grave amenaza».
Ejes para una posible absolución
Los letrados de Bolsonaro, quien está en prisión domiciliaria y siguió la audiencia desde su casa por problemas de salud, armaron su argumentación sobre tres ejes.
En primer lugar, pidieron la nulidad del acuerdo de colaboración judicial del exedecán de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid, que sirvió de base para la investigación. Vilardi aseguró que Cid «mintió» y que su confesión está viciada, por lo que debería ser excluida del proceso.
Los abogados también aludieron a restricciones para el ejercicio de la defensa y, por último, atacaron la denuncia del fiscal general, Paulo Gonet.
Tacharon las conclusiones del fiscal de «contradictorias» y criticaron que la querella que imputa a Bolsonaro cinco delitos que le pudieran costar hasta 40 años de prisión, está basada en «narrativas y suposiciones», según apuntó Paulo Cunha Bueno, otro de los abogados del expresidente.
Así, pidieron la «imperiosa» absolución de Bolsonaro, aunque la tesis de Gonet es radicalmente opuesta, ya que sitúa a Bolsonaro en el centro de la conspiración golpista y lo asocia con el asalto a las instituciones del 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, cuando miles de ultras destrozaron las sedes de los tres poderes en Brasilia para forzar una intervención militar que derrocase al nuevo Gobierno.
Según la investigación, tras su derrota electoral, Bolsonaro preparó un borrador de decreto presidencial para establecer medidas de excepción, como un estado de sitio, y hasta avaló un plan para asesinar a Lula, a su vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez Alexandre de Moraes, ahora relator del juicio por golpismo.
El proceso se reanudará el próximo día 9 de septiembre, cuando De Moraes dará a conocer su dictamen, que será discutido con otros cuatro magistrados de la sala en otras dos audiencias previstas para la semana próxima.
Posible amnistía
Mientras el proceso judicial llega a su tramo final, el bolsonarismo ha retomado con fuerza sus maniobras en el Congreso en favor de una polémica amnistía para los implicados en la asonada de enero de 2023.
El proyecto se discute desde el año pasado y, en principio, solo favorecería a aquellos que participaron directamente en los desmanes del 8 de enero de ese año en Brasilia.
Sin embargo, los sectores más ultras proponen ahora que esa amnistía sea «amplia, general e irrestricta», con lo cual alcanzaría al propio Bolsonaro y a quienes están siendo juzgados por el Supremo.
El debate es incipiente, pero algunos partidos de la derecha más moderada han comenzado a discutir un posible apoyo, aunque por el momento no aceptarían que beneficie al exmandatario, al menos en lo referido a la inhabilitación que pesa en su contra, por abusos de poder en los que incurrió en la campaña de 2022.
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