Un juez cautelar de Sacaba, Cochabamba, determinó ayer la detención domiciliaria para el excomandante departamental del Comando Estratégico de Operaciones del Ejército (CEO) Alfredo Cuéllar después de que el martes el militar activo quedara aprehendido e imputado por las muertes de noviembre de 2019, después de la renuncia de Evo Morales. En las Fuerzas Armadas pidieron que sus miembros sean juzgados por la justicia militar y no en la vía ordinaria.
La audiencia, fijada para las 10:00 de ayer, fue instalada una hora después y concluyó a las 16:20, con incidentes antes, durante y después, afuera del edificio del juzgado, por familiares de los fallecidos y también del militar procesado. Efectivos policiales tuvieron que utilizar gases lacrimógenos para dispersarlos.
La decisión judicial establece detención domiciliaria con dos custodios y sin derecho al trabajo, además del pago de una fianza de 250 mil bolivianos y arraigo. Dos veces a la semana debe presentarse a la Fiscalía. “(No debe) concurrir a los lugares de los hechos y al sitio en el que se encuentran las pruebas, en relación a los hechos que se investigan”, dijo el abogado de los fallecidos Vladimir Pérez.
El 15 de noviembre de 2019 en Huayllani, Sacaba, pobladores del Chapare buscaban ingresar a la Plaza 14 de Septiembre, en la capital del Valle, en demanda del retorno de Evo Morales a la presidencia. Las FFAA y la Policía impidieron el paso de los manifestantes. En el lugar fallecieron 10 personas.
Patricio Pérez, abogado de Cuéllar, ratificó la inocencia de su cliente y remarcó que el juez valoró que no correspondía la detención preventiva. “Mi cliente lo único que quiere es que se investiguen los sucesos del puente Huayllani para determinar de dónde salieron los disparos, si fueron del lado de los militares o de los propios marchistas”, dijo. Cuéllar, quien en noviembre del año pasado era comandante del Comando Estratégico de Operaciones, fue imputado el miércoles por la Fiscalía por la presunta comisión del delito de asesinato. El jefe militar fue aprehendido con uniforme militar y ayer acudió a la audiencia de la misma manera.
Piden justicia militar
Militares en servicio pasivo, porque los activos no pueden emitir opinión, demandaron ayer al Poder Judicial dejar que los militares sean juzgados en la justicia militar y no en la ordinaria. “Ya no se respeta el debido proceso. Nosotros tenemos una justicia militar; lo correcto era hacerle un sumario informativo mediante la justicia militar que tenemos, si no para qué la tenemos; es una preocupación lo que está ocurriendo con el general Cuéllar”, dijo a Página Siete el suboficial Édgar Morales.
“Lo sucedido ayer (martes), para las FFAA, fue desconcertante. Nosotros estamos cumpliendo órdenes de resguardar y proteger constantemente el bien común, que es de todos los bolivianos, enmarcados siempre en los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”, afirmó el miércoles el comandante en jefe de las FFAA Alberto Zabala. Esta declaración le pareció “suave” a Morales y planteó que lo hecho contra Cuéllar no se convierta en un precedente.
Explicó que “cuando hay enfrentamientos entre bolivianos y la Policía es rebasada, la ley dice que salen las FFAA. Suceden las muertes, ¿quiénes pagan las consecuencias? Las FFAA y la Policía”. Dijo que de nada sirvió que la expresidenta Jeanine Añez emitiera el Decreto Supremo 4078, que autorizó a las FFAA realizar operaciones de restablecimiento del orden público, pues en los hechos no eximió de responsabilidad penal a los uniformados.
Morales afirmó que quienes debieron responder son Añez, el exministro de Defensa Fernando López y el excomandante en Jefe de las FFAA Carlos Orellana, pero no los que está por debajo.
Defensora pide a FFAA no escudarse
La Defensora del Pueblo Nadia Cruz afirmó ayer que las Fuerzas Armadas no pueden evadir su responsabilidad en la vulneración de derechos constitucionales cometidos en 2019 al poner como excusa que acataron una orden superior.
“El artículo 110 de la Constitución Política del Estado establece que las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de las autoridades bolivianas, que esta vulneración hace responsables a sus autores intelectuales y materiales, que los atentados contra la seguridad personal hacen responsables a sus autores inmediatos, sin que pueda servirles de excusa que lo hayan cometido por orden superior”, dijo. Cruz cuestionó las declaraciones del Alto Mando Militar que justificó las operaciones de noviembre de 2019 en Sacaba y Senkata en cumplimiento de las órdenes para el resguardo y protección del bien común enmarcado en los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, respondiendo a las determinaciones del anterior gobierno.
El exmilitar y abogado Jorge Santiesteban protestó contra la aprehensión del general de la Fuerza Aérea Boliviana Alfredo Cuéllar. Cuestionó la rapidez con que actuó la Fiscalía contra el militar que incluso llevaba uniforme.
Página Siete
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