Con el proceso de preselección de postulantes para las elecciones judiciales totalmente paralizado debido a al menos 12 amparos constitucionales, los legisladores buscan opciones para “salvar” el proceso mediante modificaciones a los plazos.
El diputado Juan José Jáuregui (MAS renovador) presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara baja, señaló que el proceso de selección no puede continuar mientras no se resuelvan todos los amparos que se activaron en su contra, y también una acción popular presentada por un postulante inhabilitado en Pando.
“Si es que se pretende abordar algún elemento del proceso de preselección, que tiene aún medidas cautelares activas, sería un absoluto despropósito. Pero aún más, la comisión ingresaría a un delito, el de desobediencia a resoluciones constitucionales”, dijo el legislador a Los Tiempos.
“Se debe respetar la resolución constitucional, nos guste o no, hasta que se concluyan las acciones y se levanten las medidas cautelares”, ratificó.
Hasta el 30 de abril hay varias audiencias por los amparos presentados en distintas partes del país, y también una audiencia “clave” por la acción popular en Pando, por considerar que se vulneran los derechos de mujeres indígenas en la preselección de candidatos. Todas ellas definirán si es que el proceso puede continuar, explicó.
Además, los candidatos judiciales inhabilitados tienen hasta seis meses para presentar recursos a su favor, si es que se consideran afectados por la decisión de alguna autoridad.
Otra dificultad es que los plazos se extendieron fuera de la norma. La Ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024 fija un plazo de hasta 80 días calendario para el proceso de postulación y preselección de postulantes en el Legislativo, y de hasta 150 días calendario para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) organice y realice la elección judicial, la tercera en la historia de Bolivia.
“Ya estamos fuera de plazo, según el cronograma de la Ley 1549, que es una secuencia de fases. Si vamos a pretender ingresar y superamos los amparos de manera satisfactoria, antes vamos a tener que informar al pleno para que nos autorice modificar plazos y alterar varios elementos de la ley”, detalló.
Otro frente de batalla para “salvar” las judiciales es el banco de preguntas y las denuncias de que los exámenes “se filtraron”.
Jáuregui pidió que las instituciones que elaboraron las preguntas para los postulantes a las elecciones judiciales “digan su verdad” sobre a la supuesta “filtración” de esa batería y “garanticen” que ninguna de las preguntas se haya filtrado.
Audiencia clave para el proceso
La acción popular presentada a mediados de abril en Cobija, Pando, por Yeny Dury Bautista, será dirimida en audiencia este martes. El recurso señala que el proceso no cumplió el derecho de mujeres indígenas para participar.
Jauregui advirtió que esa acción popular amenaza paralizar de “forma definitiva” el proceso de preselección. “Es un poco más complejo porque no se está hablando de un tema particular con relación a una o un postulante, se está alegando que los criterios de igualdad que contendría la Ley 1549”.
Agencias
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