La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, develó que anualmente el Órgano Judicial recibe más de 30.000 procesos relacionados a la asistencia familiar, siendo Santa Cruz el departamento que reúne la mayor cantidad de casos.
«En los Juzgados de Familia y en los Juzgados Mixtos se están moviendo alrededor de 30.000 causas relacionadas a la fijación de una asistencia familiar, la cesación o modificación de una asistencia familiar. Es decir, que tenemos 30.000 familias, anualmente, que están recurriendo a juzgados porque no pueden resolver las cosas en casa», informó la autoridad este miércoles.
De acuerdo con los datos del Consejo de la Magistratura, solo al primer semestre de 2022, se reportaron un total de 15.856 procesos relacionados con asistencia familiar, de los cuales 6.619 corresponden a la imposición del pago de asistencia familiar; 474 a incremento de asistencia familiar; 306 a cesación de asistencia familiar; 151 a disminución de asistencia familiar, y 74 a homologación de asistencia familiar.
«En Santa Cruz deben ser cerca del 50 por ciento de los procesos (…) el problema de familia, que es muy tradicional en Santa Cruz, está generando problemáticas, un fuerte número de familias que están recurriendo a un proceso judicial para obtener lo mínimo», explicó.
Ante esta situación, reiteró la importancia del Proyecto de Ley para Fortalecer el Cumplimiento de las Obligaciones de Asistencia Familiar, que tiene el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos de las beneficiarias y desburocratizar el procedimiento de ejecución de liquidación de asistencia familiar.
El pasado miércoles se socializó el contenido de la propuesta legal, que fue elaborada y presentada al Legislativo en 2023 por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y que plantea la creación del Registro Nacional de Asistencia Familiar (Renaf).
Dicho proyecto fue aprobado en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados el 31 de enero de 2024.
Cruz indicó que Bolivia es uno de los pocos países en la región que no cuenta con un sistema de registro de deudores de asistencia familiar, por lo que remarcó la necesidad de contar con el Renaf, un registro nacional de las y los deudores que contendrá las modificaciones, actualizaciones y cancelaciones para seguimiento de autoridad judicial.
Además de los depósitos efectuados por asistencia familiar en la cuenta acreditada ante autoridad judicial para verificación y seguimiento.
Asimismo, explicó que la propuesta normativa establece 10 restricciones para deudores de asistencia familiar. Entre las que están el acceso a cargos públicos; procesos judiciales por cobro de deudas; retención de pago en el sistema integral de pensiones; aplicación de medidas cautelares; acceso a planes, programas y proyectos sociales; servicios financieros (créditos); prohibición de emisión de pasaporte; pluralidad de deudas, y prohibición de contraer matrimonio, entre otros.
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