El abogado constitucionalista Luis Vásquez Villamor afirmó este domingo que la promulgación del DS 5552 disponiendo un reordenamiento administrativo de la Vicepresidencia del Estado, señala que el gobierno del presidente Rodrigo Paz habría decidido modificar la relación entre poderes del Estado, pasando del “Estado de Derecho al Estado del decreto y al estado del capricho”, y advirtió que, de mantenerse ese ritmo, la próxima instancia afectada podría ser Asamblea Legislativa Plurinacional, incluso en el ámbito presupuestario.
Sostuvo que gobernar mediante decretos por encima de la ley y asumir el control administrativo de la Vicepresidencia constituye, en su evaluación, un proceso que debe ser analizado en profundidad. Señaló que la situación trasciende cualquier diferencia personal y plantea un debate sobre el sistema político y el respeto a la legalidad.
El jurista alertó que estos hechos no pueden pasarse por alto porque implicarían el retorno a un proceso de desinstitucionalización de la propia estructura del Estado. En ese marco, ya en su calidad de dirigente politico de la opositora Alianza Libre, anunció que desde su bancada se impulsará la interpelación de dos ministros para que expliquen ante la Asamblea el alcance del decreto.
Consultado sobre si una medida cautelar emitida por una sala constitucional podría limitar esa fiscalización legislativa, respondió que no existe impedimento, ya que las atribuciones del Órgano Legislativo están establecidas en la Constitución, y cualquier intento de ampararse en dicha medida sería inaceptable.
“Si el gobierno se quiere amparar en sentencias o en resoluciones del Tribunal Constitucional que contradicen la Constitución, que vaya al debate y ahí veremos si estamos transitando a un Estado mucho más autoritario, donde no hay equilibrio de poderes y donde se rompe el principio de frenos y balances, que es la base y esencia de todo sistema democrático”, manifestó.
Vásquez también observó rasgos de autoritarismo cuando desde el Ejecutivo se anuncian proyectos de ley bajo la premisa de que “tienen que aprobar”, lo que -según dijo- supone colocarse por encima de otro órgano del Estado y afectar la independencia de poderes.
Llamó a abrir un debate institucional amplio sobre el modelo de Estado y la vigencia del orden democrático. “Creo que ha llegado el momento de poner un punto de inflexión a estos casos ante esta suerte de mandadero que tiene que responder a los requerimientos del Órgano Ejecutivo y del Órgano Judicial, en este caso del Tribunal Constitucional”, indicó.
Considera que Bolivia está atravesando “un problema muy, muy complicado y ha llegado la hora de este debate sobre la construcción de un Estado Social y Democrático de Derecho. Tenemos que pasar a debatir este tema para que la voluntad del pueblo expresada en la Constitución de poderes sea respetada por todos”, manifestó.
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