El presidente del Tribunal Supremo Electoral recordó que un referéndum es un mecanismo democrático válido, pero advirtió que su realización debe regirse a procedimientos y plazos establecidos por ley.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, afirmó que cualquier iniciativa vinculada a la democracia y a la decisión directa del pueblo boliviano siempre será positiva, aunque remarcó que la realización de un referéndum debe ajustarse estrictamente a la Constitución y a la normativa vigente.
“Tenemos que cumplir la norma y la Constitución”, sostuvo Ávila, al referirse a la posibilidad de someter a referéndum el proyecto de ley antibloqueos, y explicó que existen dos vías para activar un referéndum. La primera es la iniciativa popular, que se concreta mediante la recolección de firmas por parte de la ciudadanía, y la segunda es la iniciativa estatal, que puede originarse desde el Órgano Legislativo, a través de la aprobación de una ley de convocatoria, o desde el Órgano Ejecutivo, mediante una propuesta formal de convocatoria.
Ávila recordó que en anteriores gestiones el Ejecutivo intentó activar un procedimiento similar y aclaró que, una vez cumplidas todas las etapas previstas por la norma, el TSE requiere un plazo mínimo de 90 días para organizar un referéndum. “Ese es el tiempo que establece la ley. El costo todavía no se puede determinar, porque depende del cronograma, el padrón electoral y otros factores técnicos”, explicó.
Las declaraciones se producen luego de que el diputado Carlos Alarcón, impulsor del proyecto de ley antibloqueos, planteara que la norma sea sometida a consulta popular una vez que sea sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. “Esta ley antibloqueos se la puede someter a un referéndum para que el conjunto de todos los bolivianos defina si está de acuerdo con que la promulgue el presidente del Estado”, afirmó el legislador, en respuesta al rechazo expresado por sectores como la Central Obrera Boliviana.
Actualmente, el proyecto se encuentra en tratamiento legislativo. No obstante, desde el Ejecutivo surgieron cuestionamientos. El vicepresidente Edmand Lara sostuvo recientemente que la iniciativa formaría parte de una estrategia para gobernar mediante decretos y ejecutar un plan de persecución contra sectores críticos.
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