Una de las tres leyes contra los bloqueos de carreteras será debatida mañana en la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, en medios de apoyo y rechazo de diversos sectores de la sociedad.
Sectores ligados a las empresa privada han dado su apoyo a la norma argumentando que trae demasiado perjuicios a la población y millones de bolivianos en pérdidas.
En tanto,la Central Obrera Boliviana (COB) ha mostrado su oposición a la normativa contra los bloqueos y asegura que es la única arma que tiene para luchar por sus derechos.
Para dirimir esta pugna el diputado Carlos Alarcón, uno de proyectistas de las leyes antibloqueo, ha propuesto que una vez que la norma sea aprobada se someta a un referendo nacional para toda la población boliviana apruebe o rechace su aplicación.
Alarcón, de la alianza Unidad, planteó que, en caso de que la Asamblea Legislativa sancione la ley antibloqueos, la norma sea sometida a un referéndum para que la población decida si está de acuerdo con su promulgación.
Alarcón realizó estas declaraciones en un video difundido en su cuenta de Facebook, tras el rechazo expresado por distintos sectores, entre ellos la COB.
El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, sostuvo que la normativa forma parte de una estrategia del Gobierno para gobernar mediante decretos y ejecutar un plan de persecución contra quienes expresen posiciones críticas.
Alarcón señaló que, si en el referendo se impone la opción de rechazo a la ley, impulsada -según dijo- por una dirigencia sindical que recurre a la violencia de los bloqueos, la norma quedaría sin efecto.
Resaltó que la norma responde “a la necesidad, cansancio y hartazgo del pueblo de Bolivia que ya no quiere seguir siendo rehén de estos matones (.)
La norma
La norma está diseñada para aplicar sanciones a aquellos que por cualquier medio, forma o motivación, bloqueen calles, avenidas, caminos, carreteras, rutas, autopistas, o vías públicas, impidiendo o entorpeciendo el libre tránsito o la circulación de personas, bienes y/o vehículos.
Serán sancionados con cárcel de tres a seis años; sin embargo, se agravará de cinco a ocho años de privación de libertad para los que promuevan, instiguen, planifiquen, organicen, financien, colaboren o dirijan los bloqueos.
Si los bloqueadores ejercen violencia física en contra de civiles, policías o militares, o en contra de bienes públicos y/o privados, utilizando cualquier medio o instrumento de agresión o de daño, la pena se agravará de 10 a 20 años de privación de libertad.
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