La Fiscalía Departamental de Tarija busca habilitar una fiscalía especializada para atender más de 3.000 causas que permanecen paralizadas debido a la declaratoria de rebeldía de los imputados y a la existencia de mandamientos de aprehensión pendientes de ejecución. La situación fue expuesta por el fiscal departamental, Aníbal Giovanny Cabezas Flores, quien señaló que se necesitan medidas específicas para revisar estos procesos y avanzar en la localización de las personas que deben responder ante la justicia.
En diálogo con El Guadalupano Periódico Digital, la autoridad explicó que se realizan gestiones ante la Fiscalía General del Estado para conseguir la asignación de un fiscal con dedicación exclusiva a esta tarea. El funcionario tendría la responsabilidad de revisar los cuadernos de investigación, identificar las actuaciones pendientes y coordinar las acciones necesarias para ejecutar las órdenes de captura contra los imputados declarados rebeldes, con el propósito de evitar que estos procesos continúen acumulándose sin avances.
Cabezas también informó que se puso en marcha un plan de trabajo para mejorar la efectividad de las notificaciones procesales en el departamento. Según explicó, esta iniciativa permitió triplicar las notificaciones efectivas, como parte de las acciones destinadas a agilizar los procedimientos y reducir las dificultades que enfrentan las investigaciones. Sin embargo, reconoció que la institución todavía debe afrontar una importante carga procesal y limitaciones de personal que dificultan la atención oportuna de todos los casos.
La autoridad fiscal advirtió, además, que existe una desproporción entre la cantidad de fiscales disponibles y el crecimiento poblacional de Tarija, situación que incrementa la presión sobre el sistema de administración de justicia. Frente a este escenario, anunció la aplicación de rotaciones continuas de personal en determinadas áreas, especialmente en casos complejos relacionados con el narcotráfico, con el objetivo de fortalecer los controles internos y prevenir posibles hechos de corrupción o vínculos irregulares con estructuras criminales.
En paralelo, la Fiscalía Departamental trabaja en coordinaciones con alcaldías de municipios rurales para ampliar la presencia institucional y facilitar el acceso a los servicios de justicia. Entre los proyectos previstos se encuentra la apertura de nuevos asientos fiscales en El Puente y El Valle de Concepción, iniciativas que buscan acercar la atención del Ministerio Público a las poblaciones que deben trasladarse a otras localidades para realizar denuncias o dar seguimiento a sus procesos.
Asimismo, Cabezas anunció que se proyecta instalar una cámara Gesell en Yunchará, con la finalidad de brindar mejores condiciones para la atención de víctimas vulnerables, especialmente durante las actuaciones investigativas que requieren espacios adecuados y procedimientos especializados. La implementación de este recurso permitiría contribuir a la protección de las personas afectadas y facilitar la obtención de testimonios en condiciones apropiadas.
Las medidas anunciadas forman parte de los esfuerzos de la Fiscalía para enfrentar la acumulación de causas, mejorar la cobertura territorial y fortalecer la respuesta institucional ante los procesos pendientes. No obstante, la asignación del fiscal especializado y la ejecución de los proyectos de descentralización dependerán de las gestiones y coordinaciones correspondientes, mientras continúa la búsqueda de mecanismos para reducir el rezago procesal en Tarija.
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