Tras 28 días de marcha, la marcha de indígenas y campesinos de Pando y Beni llegaron a la ciudad de La Paz exigiendo la abrogación de la Ley 1720, de reconversión de la tierra de pequeña a mediana propiedad, y reunirse con el presidente del Estado, Rodrigo Paz.
El senador del Partido Demócrata Cristiano por Beni, Humberto Suárez, que acomopañó la marcha en su entrada a al Sede de Gobierno, aseveró que la marcha demanda la abrogación de la norma y hablar directamente con el presidente Rodrigo Paz.
Reclamó, asimismo, que él personalmente quiso entregar una carta de los propios marchistas al Jefe de Estado, pero éste no quiso recibirla.
Por su parte, el dirigente Faifer Coaquira, quien encabeza la marcha, señaló que la Ley 1720 pone en riesgo a pequeños productores y a las tierras indígenas colectivas, al abrir la posibilidad de concentración de la propiedad.
Además, afirmó que el sector exige seguridad jurídica y el retiro del proyecto de ley antibloqueos.
La columna de marchistas avanzó durante más de tres semanas en condiciones adversas, con largas jornadas, cambios de clima y el impacto de la altitud. El trayecto dejó a varios participantes con problemas de salud, lo cual evidenció el desgaste físico acumulado durante la caminata.
El pasado 28 de abril, el Jefe de Estado publicó un video en las redes sociales en las que se solidarizaba con los marchistas, pero sin mencionar la cuestionada Ley 1720.
«Mi absoluta solidaridad por la lucha que están llevando delante para que Bolivia escuche algo que se ha generado una injusticia durante muchos años. El derecho a la tierra, a tener un espacio donde producir y vivir», señaló Paz.
En esa oportunidad, el Jefe de Estado únicamente hizo mención al Decreto 5613 que, dijo, servirá para «transformar» el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
En ese sentido, afirmó que el Decreto impulsa la transformación del INRA «para que sirva para las grandes mayorías».
«No puede ser que algunos por 3 o 4 hectáreas tengan que estar toda una vida para tener el título de propiedad y otros en 3 o 4 semanas tienen miles de hectáreas. No es correcto», aseveró el Jefe de Estado y agregó que «se ha heredado de 20 años de hacer el INRA un espacio de corrupción y no justicia».
El Decreto Supremo 5613 establece lineamientos operativos «para la dotación y titulación de tierras en la región amazónica, con prioridad en los departamentos de Pando y Beni».
La nueva normativa, aprobada el 27 de abril, establece que esta medida será «a favor de comunidades campesinas y/o indígena que formalmente la hayan solicitado y estén reconocidos según corresponda, sin sobreposición de superficie hasta la fecha de promulgación del presente decreto supremo, previa evaluación técnica y legal conforme a la normativa vigente».
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