El ministro de Salud, Édgar Pozo, admitió este sábado que Bolivia atraviesa la segunda ola de la COVID-19, con características muy similares a las de julio de 2020 y una escalada muy rápida de casos.
«Con los seguimientos que se efectuaron hasta anoche, hemos definido, percibido, comprobado que tenemos una muy muy rápida escalada de casos de COVID en el país. Obviamente estamos en una segunda ola. Su características, hasta anoche, era en un pico similar al mes de julio del año 2020. Osea que estamos en un nivel alto de contaminación», manifestó en conferencia de prensa.
En ese marco, dictó algunas disposiciones de contención contra el virus que, en primera instancia dejan en manos de los municipios su control y cumplimiento, aunque anunció que «pronto será un elemento con capacidad coercitiva».
MEDIDAS
Entre las recomendaciones está la obligatoriedad del uso de barbijo y el lavado constante de manos con agua y jabón durante las horas de trabajo en instituciones públicas y privadas.
«Se reduciría, a través de un instrumento legal, las horas de desarrollo de actividades culturales, deportivas, religiosas, es decir reducir el tiempo de exposición al virus. Lo mismo va con peluquerías, centros comerciales, restaurantes, etc», fue otra de las disposiciones mencionadas.
Asimismo, manifestó que entre las principales observaciones está el incumplimiento a las medidas de bioseguridad en el transporte público. Por lo que, se dispondrá que ningún conductor pueda trabajar sin barbijo o con el tapabocas mal puesto, así como los pasajeros. También se pedirá que los usuarios ocupen espacios de forma intercalada.
De igual forma se prohibirá el trabajo de los voceadores en el transporte público.
Pozo se refirió también a la apertura de centros de aislamiento en el eje central, con 500 unidades habilitadas en la ExpoCruz -campo ferial- de Santa Cruz, la adecuación de las instalaciones de la Villa Olímpica en Cochabamba y el centro de aislamiento de Alto Obrajes en La Paz, con cerca de 90 camas, además del Coliseo Cerrado.
Reiteró que las gobernaciones y municipios tendrán mayor libertad para disponer de recursos económicos para la contratación de personal en salud para enfrentar la pandemia.
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