La crisis política de 2019 dejó heridas en la sociedad y movilizó a la comunidad internacional. En La Paz hubo incendios deliberados promovidos por activistas afines al oficialismo. La justicia no muestra avances
Waldo Albarracín, quien fue Defensor del Pueblo y rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), recordó que justo un día como hoy, pero hace cuatro años, su residencia en La Paz fue deliberadamente incendiada por activistas “vinculados al MAS”
El ataque tuvo lugar tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia. Ese día, otros domicilios, así como 64 autobuses municipales Pumakatari, que estaban aparcados en un garaje fueron quemados por estos grupos de choque.
La vinculación de los responsables de estos ataques con el oficialismo fue establecida durante un proceso legal posterior. Por estos hechos, ya no existe ninguna persona detenida.
“El grupo allanó nuestro domicilio, ubicado en la zona de Cota Cota de La Paz, derribando la puerta con dinamita para ingresar en el inmueble y quemó todo cuanto encontró a su paso, hasta dejar en cenizas la casa”, señala un comunicado firmado de la familia Albarracín.
“La intención era quemarnos vivos al interior, pero fue lo único que no lograron porque tuvimos la precaución de salir instantes antes”, señala el escrito remitido a EL DEBER y con el que se demanda justicia al Estado.
“Este incendio fue provocado, así lo calificó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), nos ocasionó cuantiosas pérdidas económicas y materiales, porque tuvimos que buscar dónde habitar y cómo sobrevivir, pero lo que no lograron los agresores, es que perdamos nuestra dignidad, convicción democrática y amor por Bolivia, que se mantienen intactos.
Sin detenidos
Sin embargo, indigna que, no satisfechos con esta fechoría, continúe el abuso contra nuestra familia, evitando la identificación, enjuiciamiento de los autores materiales e intelectuales de los hechos”, se lee en el pronunciamiento.
Evo Morales renunció a la presidencia luego de decidir la destitución de todos los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que habían administrado los comicios que fueron observados por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Morales buscó en 2019 su cuarto mandato consecutivo sobre la base de una resolución del Tribunal Constitucional que le reconocía el derecho político de ser reelegido, a pesar de los resultados del 21 de febrero de 2016, en un referendo que dijo No.
En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) estableció que ese derecho no era reconocido ni protegido por el sistema regional.
Albarracín atribuyó el ataque a su domicilio “a una inhumana forma de vengarse de las personas que le reclamaron a Evo Morales por su conducta antidemocrática de no respetar el resultado de un referéndum y consolidar un fraude comprobado por la propia comunidad internacional”.
“Exigimos justicia, sólo eso, justicia, para que nadie más sufra este tipo de atropellos en Bolivia”, finaliza el comunicado de la familia del ex defensor del Pueblo.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) estableció que el ataque a la casa de Albarracín fue planificado y demandó al Estado el esclarecimiento de ese hecho.
El pasado 20 de julio, la Justicia decidió absolver de culpa a dos de los acusados de la quema de la casa y sentenció a una tercera persona a un año de cárcel. Fueron acusados de intento de asesinato e instigación pública a delinquir.
La familia Albarracín y otras afectadas por estas vulneraciones, así como excesos judiciales, anunciaron que acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La justicia
“Entre los asuntos pendientes urgentes de resolver, sin lugar a dudas, está la Justicia. Es francamente inaceptable que esta llegue en la mayoría de los casos a quienes tienen la billetera más grande, y no al pueblo humilde trabajador”, señaló el 8 de noviembre el presidente Luis Arce en su mensaje a la nación al cumplirse su tercer año de mandato.
“Esperamos que las elecciones judiciales lleguen a buen puerto, sin cuoteo y pensando en el interés colectivo. Sin embargo, como lo señalé en anteriores oportunidades, el pueblo sabe que las elecciones no resolverán los problemas estructurales de la Justicia. Las bolivianas y bolivianos exigen una Justicia independiente, imparcial, moderna, que sea sensible con los sectores vulnerables y brinde soluciones inmediatas”, subrayó.
Violencia de 2019
Durante la crisis de 2019, seguidores de Evo Morales también fueron atacados y sus residencias fueron incendiadas. Además, una caravana de estudiantes fue atacada en la ruta que une Potosí con La Paz. La GIEI identificó a funcionarios públicos alentando esas protestas.
La CIDH creó una instancia de seguimiento y este año realizó una visita in loco a Bolivia. Los resultados de ambos mecanismos de supervisión aún no se conocen.
El Deber
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