La Procuraduría General del Estado solicitó a la Justicia el congelamiento de las acciones de la empresa Gerimex SRL, de propiedad de la familia Garafulic que logró al menos ocho contratos directos para el proyecto del litio, informó el titular de esa repartición gubernamental, Cesar Siles.
La autoridad responsable de la defensa del Estado dijo que el objetivo de esta solicitud es poder recuperar el daño económico de 425 millones bolivianos que sufrió el país por las deficiencias encontradas en la fabricación de las piscinas de evaporación de litio.
“Lo que queremos en esta investigación penal es recuperar el daño económico causado al Estado de más de 425 millones de bolivianos. Y ¿cómo queremos recuperarlo?, lo queremos recuperar con medidas cautelares de carácter real. Ya se están anotando bienes, se están congelando cuentas, por ejemplo, en la empresa, se está pidiendo el congelamiento de sus acciones”, dijo Siles en entrevista con la televisora estatal.
Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) identificó irregularidades en el proyecto y diseño de construcción de la Planta Industrial de Carbonato de Litio, en el departamento de Potosí, que no incluía la puesta en marcha ni la provisión de agua.
Según una auditoría especializada, al menos 18 piscinas de evaporación, para provisión de materia prima a la planta industrial, quedaron inoperables por la mala ejecución del proyecto, provocando un daño económico al Estado de Bs 425 millones.
De acuerdo con Siles, con la anotación de bienes de los investigados y con las cuentas de la empresa congeladas se busca garantizar la recuperación del daño económico causado al Estado boliviano.
El Ministerio Público, dijo el procurador, cumple su tarea y la comisión de fiscales a cargo de esta investigación “está avanzando rápidamente”, ya se tiene colectando “importante documentación”, además de información y declaraciones.
“Se realizó al principio de la investigación un acto muy importante que era el registro del lugar del hecho y la inspección en las propias piscinas, comprobándose que son piscinas que no sirvieron al fin para el cual fueron requeridas en estos contratos”, manifestó la autoridad.
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