El alcalde de Tarija y presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia), Johnny Torres Terzo, advirtió que el incremento del precio del diésel generó un importante desfase en las cuentas del Gobierno Municipal, por lo que se requieren recursos adicionales para garantizar el funcionamiento de la Alcaldía hasta el cierre de la presente gestión. La autoridad estimó que el monto necesario podría alcanzar entre Bs 5 y 6 millones.
En diálogo con El Guadalupano Periódico Digital, Torres explicó que el incremento del combustible modificó de manera considerable las previsiones presupuestarias con las que contaba el municipio. El alcalde señaló que la administración municipal consume aproximadamente 60.000 litros de diésel al mes, principalmente para el funcionamiento de maquinaria, vehículos y equipos destinados a diferentes servicios públicos. Datos reportados previamente por la FAM muestran que este volumen de consumo representa un impacto cercano a Bs 600 mil mensuales considerando la diferencia registrada en el precio del carburante.
La situación se agravó tras el incremento del precio del diésel, que pasó de Bs 9,80 a Bs 17,95 por litro. Para las entidades municipales que requieren combustible para sus operaciones, esta variación representa un incremento significativo de los costos y obliga a revisar las previsiones económicas realizadas al momento de elaborar sus presupuestos. Torres ya había advertido que los recursos disponibles podrían resultar insuficientes para garantizar el funcionamiento municipal durante los últimos meses del año.
El alcalde señaló que uno de los sectores directamente afectados es el relacionado con la maquinaria pesada y los vehículos utilizados para obras y servicios básicos. En anteriores declaraciones, Torres informó que incluso se habían tomado medidas para priorizar el combustible destinado al recojo de residuos, mientras se analizaban alternativas para enfrentar la falta de recursos. La preocupación municipal se centra en evitar que el mayor costo del diésel termine afectando la continuidad de las actividades programadas.
Ante este escenario, el planteamiento de recursos adicionales fue trasladado al Gobierno nacional a través de la FAM-Bolivia. La organización municipal viene solicitando mecanismos de compensación para las alcaldías, argumentando que el incremento del combustible no estaba contemplado en los presupuestos aprobados. En septiembre, la FAM acordó con autoridades nacionales un plazo de 15 días para definir medidas destinadas a reducir el impacto del incremento del diésel sobre los gobiernos municipales.
Finalmente, Torres sostuvo que la prioridad es garantizar los recursos necesarios para que la Alcaldía pueda mantener sus servicios y operaciones hasta finalizar la gestión. El pedido de financiamiento adicional se suma a la agenda que la FAM mantiene con el Gobierno nacional, donde también se analizan la distribución de recursos, la devolución del 12% del IDH y otras medidas vinculadas a la situación financiera de los municipios.
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