La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) lleva aproximadamente un mes sin desarrollar sesiones, situación que mantiene pendiente el tratamiento del Plan Operativo Anual (POA) y el presupuesto departamental correspondiente a la gestión 2027. El asambleísta Marco Gutiérrez cuestionó la falta de convocatoria y advirtió que el plazo establecido para que el Legislativo departamental considere el documento concluye el próximo 9 de octubre.
En diálogo con El Guadalupano Periódico Digital, Gutiérrez señaló que la ausencia de sesiones genera preocupación debido a que la Asamblea tiene entre sus atribuciones analizar y aprobar el POA dentro de los primeros 30 días posteriores a su presentación. El Estatuto Autonómico Departamental de Tarija establece precisamente ese plazo y contempla que, si el proyecto no es aprobado dentro del término correspondiente, se dará por aprobado.
El legislador cuestionó que hasta el momento no se haya convocado a una sesión para abordar el documento presupuestario y calificó esta situación como un posible incumplimiento de las responsabilidades de los asambleístas. Sus declaraciones se producen mientras se aproxima la fecha límite del 9 de octubre, por lo que planteó la necesidad de que el tratamiento del POA avance dentro del marco institucional establecido.
De acuerdo con la normativa autonómica, la ALDT ejerce funciones deliberativas, fiscalizadoras y legislativas dentro de sus competencias, mientras que sus relaciones con el Órgano Ejecutivo Departamental deben regirse por los principios de independencia, separación, coordinación y cooperación. El Estatuto también establece expresamente la atribución de la Asamblea de aprobar el POA y el Presupuesto General del Gobierno Autónomo Departamental.
La discusión adquiere relevancia porque el POA constituye el instrumento que organiza las acciones, programas y recursos que serán ejecutados durante la siguiente gestión. Por ello, cualquier demora en su tratamiento puede generar un escenario institucional que deberá resolverse conforme a las disposiciones del Estatuto y la normativa presupuestaria departamental. Ante esta situación, Gutiérrez insistió en la necesidad de que se active el trabajo legislativo antes del vencimiento del plazo señalado.
Finalmente, el asambleísta sostuvo que el 9 de octubre representa una fecha clave para el tratamiento del POA 2027 y pidió que la Asamblea defina los mecanismos correspondientes dentro del marco de sus atribuciones. La normativa departamental establece el plazo de 30 días y prevé la consecuencia jurídica cuando el documento no es aprobado dentro de ese periodo, por lo que corresponderá a las instancias competentes aplicar las disposiciones vigentes.
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