Ante declaraciones de sectores afines al Movimiento al Socialismo (MAS) sobre una supuesta injerencia de países extranjeros en los conflictos de 2019, legisladores de oposición señalaron que estas acusaciones ponen en riesgo las relaciones internacionales del país, además de la ayuda y financiamiento que Bolivia recibe de países amigos.
Luego que sectores sociales acusaran a organismos internacionales de haber financiado un supuesto golpe de estado tras las elecciones generales anuladas el 2019, el diputado por la agrupación Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, pidió que antes de realizar acusaciones tan graves se presenten las pruebas del caso, pues emitir este tipo de comentarios sin respaldo es peligroso y podría generar perjuicios para el país.
“Primero hay que decirles a las organizaciones sociales que muestren pruebas, y segundo que meterse con las relaciones internacionales no es un chiste. Los gobiernos tienen sus representantes y seguramente a través de estas acusaciones que se hacen a la ligera, se van a manifestar”, señaló
Reyes expresó que declaraciones irresponsables podrían generar descontento a nivel internacional en contra del país y esto afectaría las relaciones de cooperación que se tiene con la comunidad internacional.
“Entendemos que los países tienen que manejar muy responsablemente las relaciones que tienen con los países y organismos internacionales y no se puede permitir estos criterios a la ligera, está en riesgo la cooperación y el financiamiento, porque no se respetan las leyes, entonces tenemos que aprender a vivir en el marco de las leyes”, dijo.
Desde el oficialismo, el diputado Juanito Angulo, sostuvo que existió injerencia y financiamiento “Consideramos que ha habido, pero no de todos los países y sabemos que las injerencias vulneran la soberanía y la dignidad de un Estado”, indicó.
Organizaciones sociales que conforman el denominado Pacto de Unidad, afín al Movimiento al Socialismo señalaron que fueron organismos internacionales y algunos países los que financiaron el supuesto golpe de estado en 2019. Entre los países que son acusados figuran Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea, Chile y Brasil a quienes se acusa de financiar grupos paramilitares y comités cívicos.
El Diario
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