Franklin Flores, el exgerente de Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), incumplió su detención domiciliaria. No fue hallado en su domicilio en más de una oportunidad y la Policía lo busca para aprehenderlo.
El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), general Walter Sosa, informó que ayer, miércoles, en horas de la tarde la Policía acudió a su domicilio para notificarle con una citación, sin embargo, no fue encontrado. La esposa de la exautoridad indicó que habría realizado una «diligencia judicial», razón por la que no encontraba en su casa.
Posteriormente, a las 21:10 del mismo día, el personal del Departamento de Lucha Contra la Corrupción volvió al inmueble para verificar si ya se encontraba, pero tampoco fue encontrado.
«Lo que estamos realizando es la búsqueda de esa persona, toda vez de que tiene que ser citado y notificado y estamos realizando este trabajo, precisamente, con el departamento de Inteligencia para poder tener la presencia de esa persona», informó Sosa, según reporte de Erbol.
El exfuncionario cumple detención domiciliaria en el marco de la investigación por presunta corrupción en la compra y distribución de harina subvencionada. Además, enfrenta un proceso paralelo por movimientos financieros irregulares detectados en sus cuentas bancarias.
El caso se inició tras una denuncia del Viceministerio de Transparencia sobre presuntas irregularidades en dos convenios firmados entre Emapa –entonces gerentada por Flores– y la Confederación Nacional de Panaderos de Bolivia (Conapabol), liderada por Rubén Ríos.
De acuerdo con el fiscal departamental de La Paz, Omar Quisbert, estos acuerdos presentan una serie de incumplimientos, como la falta de certificados sanitarios y de producción, la ausencia del registro en el Sicoes y variaciones de precios sin sustento técnico ni legal.
Quisbert informó que cinco personas están siendo investigadas por presuntos delitos de incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. Tanto Flores como Ríos fueron citados a declarar la próxima semana.
La denuncia también señala un posible daño económico de 6,2 millones de bolivianos, cifra que aún debe ser verificada mediante auditorías y revisión documental.
«El Ministerio Público continuará ampliando las investigaciones para establecer responsabilidades y determinar el destino de los recursos comprometidos», afirmó el fiscal.
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