Este miércoles la Defensoría del Pueblo presenta el informe “Mujeres en cárceles de Bolivia”, elaborado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) sobre la situación de las mujeres privadas de libertad en los centros penitenciarios del país, el cual devela que el 55,39% de las mujeres que guardan detención están embarazadas o son madres de familia y, en muchos casos, permanecen en el recinto carcelario junto a sus hijos menores de seis años.
“El 55,39% de las mujeres privadas de libertad tienen hijos que las acompañan y viven con ellas en los centros penitenciarios, mujeres embarazadas, entre otros, factores o situaciones que las exponen a mayores amenazas, riesgos o desventajas, agravando su vulnerabilidad en los centros penitenciarios”, da cuenta el informe, presentado por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro.
Esta situación conlleva un drama social para muchas familias, pues varias de las mujeres en situación de privación de libertad son jefas de familia, y deben dejar a sus hijos mayores de seis años al cuidado de otras personas mientras cumplen con su detención.
Además, el documento pone en evidencia que al menos 145 niñas y niños menores de 6 años viven junto a sus madres en los centros penitenciarios, expuestos a precariedades y los efectos del hacinamiento, que afecta a todo el sistema penitenciario boliviano, que hasta junio de 2024 contaba con 30.978 privados de libertad, de los cuales 2.150 son mujeres.
Esta importante investigación fue realizada con base a estadística recogida por el personal del MNP en innumerables visitas efectuadas a los centros penitenciarios y pabellones de mujeres privadas de libertad en todo el país, hasta el 2023.
El documento da cuenta que, entre enero y junio del 2024, la población carcelaria femenina total subió un 12,5% y en los tres departamentos del eje central incrementó en un 13,38%, entre diciembre de 2023 a junio 2024.
“Mujeres en cárceles de Bolivia” pone en evidencia que el 72% de las mujeres privadas de libertad se concentra en centros penitenciarios de Santa Cruz, donde se encontraban 630 internas, hasta el 2023. Le sigue La Paz, con 433 y Cochabamba con 276.
En este sentido, el Defensor del Pueblo, insta a las autoridades competentes a implementar una política criminal objetiva que proteja a las mujeres y consecuentemente a sus hijos que las acompañan.
Los Tiempos
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