Un abogado, especialista en asuntos militares, identifica los delitos por los que pueden ser demandados Luis Arce y Edmundo Novillo: resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.
La ley 1341, ley de Estados de Excepción fue promulgada en julio de 2020 y publicada en la Gaceta Oficial del Estado meses después, el 29 de octubre de ese año. Esta norma obliga al Órgano Ejecutivo a declarar el estado de excepción (estado de sitio) antes de ordenar la movilización de tropas militares, así lo explicó el abogado Omar Durán quien dijo que ahora el presidente Luis Arce puede ser enjuiciado por la salida de militares.
“Se abre la posibilidad de un juicio de responsabilidades contra el presidente, puede ser ahora mismo, pueden iniciar con lo que se tiene en el Congreso, porque el proceso va a tardar, aunque lo ideal sería cuando deje el cargo”, dijo el abogado, especialista en temas militares.
El 7 de junio, cuando el bloqueo de los afines al expresidente Evo Morales llevaba una semana, Arce dispuso la movilización de militares. Primero fue en Cochabamba, en la localidad de Vinto. Y el 11 de este mes el jefe de Estado, en conferencia de prensa, dijo que ordenó el despliegue de fuerzas militares en los puntos de bloqueo.
“Sólo podrá disponerse la participación de las Fuerzas Armadas, en operaciones de orden público y control de disturbios civiles, mediante la declaración de Estado de Excepción por Conmoción Interna, siempre que la Policía Boliviana hubiera sido superada y no exista otro medio efectivo para restablecer el orden”, señala el artículo 20 de la Ley 1341 y que fue expuesta por Durán.
Los delitos identificados por este hecho son: resoluciones contrarias las Constitución y la ley; e incumplimiento de deberes, “el presidente y el ministro de Defensa son los responsables de todo el proceso”, resumió.
El artículo 137 de la Constitución Política del Estado (CPE) faculta al presidente a emitir la declaratoria de estado de excepción cuando la Policía sea rebasada y puede hacerlo en todo el territorio nacional o en parte de él, señala la norma.
La Ley 1341 tuvo un particular tratamiento en 2020 pues la entonces presidenta, Jeanine Áñez se negó a promulgarla. La ley salió adelante con la mayoría parlamentaria del MAS en ese entonces en abierta disputa con el Ejecutivo transitorio. Por eso, se demoró la promulgación de la norma. Fue Eva Copa como presidenta del Senado, tal como manda la Constitución, quien oficializó la ley.
Pero para que entre en vigencia debía ser publicado en la Gaceta Oficial y el Gobierno instruyó que no se publicara. Finalmente la Gaceta la publicó el 29 de octubre, cuando el MAS había ganado las elecciones y faltaba 8 días para la posesión de Luis Arce como presidente.
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