El expresidente propuso que esa auditoría se haga principalmente al TCP, con la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el grupo de Puebla u otros bloques “amigos”
El líder del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) y expresidente de Bolivia (2006-2019), Evo Morales, planteó este domingo una auditoría a la Justicia con veedores extranjeros, por los recientes fallos judiciales polémicos en los que acusó como «responsable» al Gobierno de Luis Arce.
En su programa en la emisora cocalera Kawsachun Coca, Morales planteó una «auditoría» con veedores extranjeros «para que verifiquen si está aplicándose la Constitución» en Bolivia.
El exgobernante propuso que esa auditoría que, a su juicio debe hacerse principalmente al Tribunal Constitucional (TCP), podría tener la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el grupo de Puebla u otros bloques «amigos» de Bolivia.
Críticas de Morales
En las últimas semanas, el TCP ha estado en el centro de las críticas por las determinaciones que tomó sobre la extensión del mandato de los magistrados de altos tribunales del país, ante la no realización de los comicios judiciales en 2023.
También ese tribunal se pronunció sobre la candidatura de Morales en las presidenciales de 2025 y ordenó la suplencia del opositor gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, detenido hace un año por la crisis de 2019 en Bolivia.
Sobre la extensión de mandato de los magistrados, cuyo mandato debía culminar el 2 de enero, Morales dijo que es una ampliación «inconstitucional» que se debe a «acuerdos políticos».
A principios de diciembre, el Constitucional dispuso la continuidad de las funciones de los magistrados a partir de enero para «evitar un vacío de poder» y hasta que se realicen los nuevos comicios judiciales este año.
El pasado 29 de diciembre, el TCP ratificó una sentencia a favor de una acción judicial que paralizó el proceso de selección y elección de postulantes al poder Judicial.
En esa misma resolución aclaró que en Bolivia la reelección presidencial es por una única vez, sea de manera continua o discontinua, en base al pronunciamiento de la Corte IDH de que la reelección indefinida no es un derecho humano.
Para Morales, esa decisión «no es gratis» ya que a su juicio los jueces del Constitucional tomaron esa decisión «porque tienen aval del Gobierno nacional».
Según esto, Evo Morales estaría inhabilitado para una futura elección, debido a que ya ha gobernado el Ejecutivo durante tres períodos, 2006-2009, 2009-2014 y 2014-2019.
Finalmente, esta semana, el TCP dictó un fallo en el que ordenó la suplencia temporal del líder opositor y Gobernador Camacho, quien está preso preventivamente acusado por terrorismo y otros delitos, por liderar en 2019 las protestas contra Morales, quien renunció a la Presidencia denunciando un «golpe de Estado».
Morales acusó al Gobierno de «instruir» a los magistrados para que emitan una sentencia para la suplencia de Camacho y reiteró que ese «es un tema» que impulsó el Ejecutivo de Luis Arce y no el MAS.
«Por favor, pueblo cruceño, Lucho Arce y (el vicepresidente) David Choquehuanca no son del MAS. Legalmente están inscritos pero no respetan la parte ideológica y la parte programática (…) son responsables del conflicto en Santa Cruz, no el MAS», remarcó.
Arce y Morales, ambos del MAS, están distanciados en medio de las tensiones internas en el oficialismo que comenzaron a fines de 2021 ante los pedidos del exmandatario de cambiar a algunos ministros y varias denuncias contra el Gobierno que el presidente ha ignorado.
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