Los integrantes del ala «evista» denunciaron que el Gobierno tendría sometido al Órgano Judicial y, de esa manera, está detrás de las decisiones judiciales a favor de Jeanine Añez, con propósitos políticos.
La reacción surge después de que tribunales de los casos Senkata y Sacaba declinaron competencia para juzgar a Añez en la vía ordinaria, al considerar que le corresponde juicio de responsabilidades al haber ejercido el cargo de presidenta.
Evo Morales consideró que responsables de las violaciones de derechos humanos de los hechos de 2019 son «liberados por la justicia manipulada desde el gobierno», debido a un «pacto de impunidad con la derecha».
El diputado Santos Mamani consideró que el Gobierno direccionó las decisiones a favor de Añez con la intención de llevar los casos a juicio de responsabilidades, donde no se podrá lograr los dos tercios, y así culpar a los legisladores.
Incluso Mamani aseveró que el siguiente paso de este plan sería trasladar a Luis Fernando Camacho a la cárcel de Palmasola, para luego dictarle detención domiciliaria.
Su colega Pacífico Choque acusó al ministro Iván Lima de ser el operador del Gobierno respecto al Órgano Judicial y traicionar el voto que recibió Luis Arce en 2020.
El senador Leonardo Loza consideró que la decisión judicial a favor de Añez obedece a una «instrucción política» y un acuerdo entre «Palacio de Gobierno y la derecha boliviana».
«Ojalá algunas autoridades de la justicia boliviana dejen de obedecer algunas instrucciones políticas que van desde el Palacio», agregó, según reporte de radio Pío XII de la Red ERBOL.
La representante de las víctimas de Senkata, María Javier, indicó que -en su criterio- el Gobierno ha negociado con Añez y que existe un plan al respecto, que se está ejecutando.
Erbol
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