Un día después de su fallecimiento y luego de un peregrinaje entre La Paz, Colquiri y Oruro, los restos del dirigente minero Orlando Gutiérrez fueron enterrados ayer en un mausoleo de notables de la ciudad de Pagador, sin haber realizado una autopsia a su cuerpo, debido a que su familia se opuso, y con una investigación sobre su muerte que recién comenzó.
“Qué queremos, ¡justicia!” era uno de las arengas que sus familiares y compañeros mineros gritaban en los lugares por los que el cuerpo pasaba, desde las calles de Colquiri, con sirenas de fondo y una banda fúnebre marcando el paso, hasta el Cementerio en Oruro, donde las consignas se entremezclaban con los gritos de dolor de sus familiares.
“Este Gobierno lo ha matado, lo han perseguido porque él defendía la democracia y el proceso de cambio, y por eso han mandado a unos sicarios a matarlo. Murillo lo ha matado, pero va a pagar”, decía un compañero minero en medio de la multitud, de acuerdo con videos difundidos de los cortejos fúnebres que se publicaron en las redes sociales.
La versión más difundida de la muerte del dirigente minero es que, en algún momento de la semana pasada (algunas fuentes hablan de la madrugada del lunes, otros del miércoles o jueves), Gutiérrez fue emboscado por un grupo de “pititas” y fue golpeado brutalmente en la cabeza, lo que derivó en su internación y posterior deceso.
No obstante, fuentes del sector señalan que los golpes se debieron a una gresca entre diferentes facciones del Movimiento Al Socialismo (MAS) que se dieron entre copas, luego de los festejos por la victoria del partido en las elecciones generales del pasado 18 de octubre.
Sin embargo, a pesar de las acusaciones al Gobierno de turno y las arengas de sus compañeros y dirigentes sindicales, muy poco se sabe con certeza de las circunstancias que rodean la muerte Gutiérrez, ya que desde que fue internado en la clínica Cemes de La Paz, la pasada semana, hasta su muerte en el mismo centro de salud, la mañana del miércoles, nadie pudo visitarlo, ni se realizó ninguna denuncia ante las autoridades por el supuesto “atentado”.
Ayer, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) Alfredo Vargas indicó que los familiares del dirigente minero se opusieron al levantamiento legal del cuerpo para la autopsia de ley, cuyo objetivo es conocer las causas de su deceso.
“Mediante acta de oposición, los familiares se opusieron al levantamiento legal del cadáver y autopsia de ley, indicando que el diagnóstico se mantenga en reserva y no ameritaba ninguna investigación”, explicó la autoridad policial.
El documento fue firmado por el hermano del fallecido, la asesora jurídica de la clínica donde estuvo internado, el investigador asignado al caso y la fiscal de materia Dubravka Jordán.
En ese marco, se emitieron tres requerimientos fiscales en los que se solicita al director de la clínica información sobre la causa de la muerte del dirigente y que remita copias legalizadas del acta de oposición del levantamiento del cadáver y el historial clínico.
“Durante este periodo, la Felcc hizo actuaciones de oficio para tratar de recabar toda información, pero lastimosamente este miércoles hemos recibido la noticia del fallecimiento del dirigente minero. Ahora se intensificó la investigación”, dijo Vargas.
“Clínica no permitió valorar al dirigente”
Un día después de la supuesta agresión contra Orlando Gutiérrez, un grupo de investigadores de la División Delitos Contra las Personas y el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) intentó visitarlo en la Clínica Cemes pero el personal restringió cualquier contacto, informó el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen Alfredo Vargas.
El jefe policial explicó que se actuó de la misma forma con el personal de la Defensoría del Pueblo, de la Caja Nacional de Salud (CNS) y con los representantes legales del dirigente minero.
El viernes 23 de octubre, de nuevo los agentes de Homicidios y del DACI fueron a la clínica para recabar información del hecho; no obstante, la asesora jurídica no permitió su ingreso.
Huarachi denuncia persecución política
El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) Juan Carlos Huarachi denunció ayer que es víctima de “persecución política y sindical” por parte del Gobierno de transición e indicó que la justicia “no funciona como debería”.
“Estoy sufriendo persecución, pero no me voy a escapar. Me voy a presentar ante las autoridades, ante el Ministerio Público para asumir mi defensa”, indicó Huarachi, quien agregó que ha recibido amenazas y sufrió un atentado en el que “intentaron matarme”.
Sostuvo que tiene siete procesos iniciados en su contra, que le llegaron requerimientos y notificaciones incluso antes de las elecciones generales, cuando ya se había decretado el auto de buen gobierno. “Han llegado hasta mi casa del distrito minero de Huanuni, como (si) Huarachi fuera un delincuente”, sostuvo en conferencia de prensa.
Pagina Siete
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