El senador del MAS Efraín Chambi informó este domingo que está en evaluación un proyecto de ley corta para evitar actos administrativos del Ejecutivo destinados a privatizar algunos bienes del Estado, como la devolución de acciones de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica e Cochabamba (Elfec), y la reducción de rutas y frecuencia de vuelos de BoA en favor de la empresa Amaszonas.
Sostuvo que el gobierno de transición ha confundido su misión y comenzó a actuar como si un gobierno nuevo de cinco años, y aceleraron la adjudicación de obras llave en mano y decisiones como el Hub de Viru Viru de las que deberán rendir cuentas si no es ante la Asamblea ante la justicia.
Chambi explicó también que el reciente decreto dando 30 días a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) para definir la situación patrimonial de Elfec, es una señal clara de privatizar una empresa nacionalizada y ratificó que en cuanto salga el decreto de devolución habrá una querella penal contra los firmantes por enajenar el patrimonio del Estado.
Indicó que por ese motivo ha planteado a la instancia política del MAS en la Asamblea donde hubo apertura a elaborar un proyecto de ley corta declarando nuevamente a todas las empresas inalienables, inembargables e intransferibles, cosa que no puedan estar sujetas a privatización.
Dijo que entre este martes y miércoles retomarán el análisis y en el transcurso de la semana estaría corriendo la ley en la Asamblea, dada las circunstancias que están viviendo muchas empresas del Estado como Entel, BoA, YPFB, ENDE cuyos excedentes financian bonos sociales y ser privatizados algunos de sus servicios se podría afectar el financiamiento
para el pago de bonos sociales.
El legislador manifestó que lamentablemente siendo un gobierno transitorio, algunos ministros han querido aplicar grandes políticas económicas, adjudicar grandes proyectos que necesariamente serán fiscalizados en el nuevo gobierno elegido en las urnas el 18 de octubre.
Ante la eventualidad de hallar ilícitos, advirtió que acudirán a la Fiscalía General del Estado y al Ministerio de Transparencia del próximo gobierno, para investigar y sancionar a los responsables, porque hasta el momento el Ejecutivo se ha negado responder peticiones de informe escrito o comparecer a las peticiones de informe oral.
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