La ley obliga a autoridades actuales a tomar acciones contra exdirectivos sospechosos de corrupción.
El diputado Carlos Alarcón (Alianza Unidad) volvió a insistir al gobierno nacional que agilice gestiones para lograr el retorno al país del expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPFB), Armin Dorgathen, que está procesado por presuntos hechos de corrupción.
“Corresponde el inmediato pedido de expulsión de Dorgathen, tomando en cuenta que vulneró la Ley 1352 sobre arraigo, cuando presentó su renuncia” y no se quedó en el país por al menos 90 días, sostuvo el legislador, quien también arguyó otra normativa que respalda su exigencia: la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz de Lucha contra la Corrupción.
“La Ley Quiroga Santa Cruz exige al presidente de YPFB y al procurador general del Estado que se constituyan en parte querellante”, manifestó en referencia al artículo 14 de la norma que señala que “la máxima autoridad ejecutiva de la entidad afectada (por corrupción) o las autoridades llamadas por ley, deberán constituirse obligatoriamente en parte querellante (…) debiendo promover las acciones legales correspondientes ante las instancias competentes. Su omisión importará incurrir en el delito de incumplimiento de deberes”.
“Si la Procuraduría ya tomó cartas en el caso de corrupción del Fondo Indígena, con mucha más razón debería hacerlo en el caso Botrading”, señaló Alarcón, en cuyo criterio hay suficientes “argumentos de peso” para que la Cancillería pida la expulsión de Dorgathen y no así la extradición, que tarda meses y hasta años.
A inicios de mes, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que el expresidente de YPFB se dio a la fuga. Según las imágenes difundidas en redes sociales, Dorgathen habría salido del país de manera ilegal hacia Brasil. “Creemos, por las fotografías, que estaría en Brasil. Un juez de Santa Cruz lo libera y este señor se fuga”, declaró el ministro en esa oportunidad.
Dorgathen enfrenta varias denuncias y procesos. De manera formal, se encuentra imputado por un caso de presunto contrabando y exportación irregular de gas, en un proceso radicado en Yacuiba, pero también tiene abiertas causas por el caso Botrading.
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