El diputado evista Héctor Arce sostiene que el exministro de Justicia vulneró los derechos de quien reveló cómo se pagaron millonarias coimas por un contrato. Lima se suma a los varios exfuncionarios del Gobierno de Luis Arce procesados.
El diputado evista Héctor Arce informó que la Fiscalía admitió la denuncia que él presentó contra el exministro de Justicia, Iván Lima, a quien sindica dos delitos, por revelar el nombre del quien fue el testigo protegido del caso de corrupción en la Administradora Boliviana de Caminos (ABC).
“El 21 de marzo de 2023 reveló la identidad del testigo protegido del caso ABC, la Ley N° 458, establece los mecanismos para cuidar y darle seguridad a un testigo protegido mientras dure el proceso, y que solo se puede revelar ese dato por orden de un juez”, explicó a EL DEBER el diputado Arce.
Señaló que la denuncia fue presentada el 9 de octubre y, ayer por la mañana, verificó que la misma fue admitida. Asimismo, se conoció que otro legislador del MAS, Fredy López, presentó una segunda denuncia contra Lima, por el delito de estupro y trata de personas, misma que tiene varias observaciones que deben ser subsanadas por el legislador.
En breve contacto con este medio, el exministro Lima manifestó que no fue notificado con denuncia alguna y que, de cumplirse con ese trámite, asumirá defensa ante las instancias que corresponda.
Caso ABC
La denuncia de Arce contra Lima es por negociaciones incompatibles y revelación de secretos profesionales, “ya fue admitida, es bastante clara y hay pruebas contundentes. Iván Lima tendrá que responder el por qué reveló la identidad del testigo protegido”, aseguró el legislador.
Recordemos que Felipe Sandy, un supuesto empresario que hacía de intermediario empresarial entre los gobiernos de Bolivia y China, denunció la manipulación de documentos en el proceso de licitación de un contrato de la ABC con una firma china.
El contrato data de enero de 2022, cuando la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) se adjudicó la construcción de la doble vía Sucre – Yamparaez, en el departamento de Chuquisaca, por Bs 456.809.149. Según Sandy, para lograr esto, los ejecutivos de la firma china ofrecieron pagar una millonaria coima, de la cual habían pagado en efectivo Bs 9,3 millones, aproximadamente.
Arce sostuvo que pese a las declaraciones incriminatorias de los funcionarios de la ABC y la documentación, claramente adulterada, en mayo de 2023 la Fiscalía cerró el caso y emitió una resolución de sobreseimiento en favor de: Cristian Mendieta, exgerente técnico de la ABC; el ciudadano chino Zhengyuan Jin, exrepresentante de la empresa china Harbour Engineering Company (Chec); Juan Carlos Hidalgo, Javier López, Said Martínez, Cosme Agostopa, Carlos Chipana y Deymer Quispe, miembros de la comisión calificadora que avaló la adjudicación; Jesús Aguilar, contador de la ABC; William Mamani, exgerente administrativo de la ABC; María Isabel Galleguillos, notaria que entregó un poder adulterado al empresario Zhengyuan y Hernán Palacios, exgerente regional ABC de Chuquisaca.
La denuncia
“El exministro Lima no solo divulgó el nombre real del testigo, sino también una supuesta causa de muerte que no había sido declarada, contrariando las disposiciones de los artículos 6, 7, 8 y 23 de la Ley N.º 458, que establecen la obligación de preservar la identidad y confidencialidad de las personas protegidas y restringen el levantamiento de dichas medidas únicamente por la autoridad judicial competente”, señala el fundamento de la denuncia presentada por el diputado.
Arce sostiene que, con dicha revelación, Lima no solo vulneró los derechos de Sandy, quien para esa fecha había fallecido en un supuesto accidente de tránsito en Miami, Estados Unidos, hasta donde dijo haber huido, para mantenerse a salvo de las amenazas que se dieron en su contra, por revelar el caso de coimas.
“Con esto, el exministro incumplió las funciones establecidas en el artículo 26 numeral 3 de la Ley N.° 458, que atribuye al Ministerio de Justicia la responsabilidad de guardar la reserva de identidad de los beneficiarios del programa de protección. Asimismo, su actuación pública favoreció a una empresa investigada por corrupción, restando gravedad a los hechos denunciados y actuando en defensa de intereses particulares”, remarca el documento.
Otros casos
La denuncia admitida contra Lima, se suma a las varias que ya se tramitan en la Fiscalía y otras instancias, contra exministros y funcionarios de alto rango del Gobierno del presidente Luis Arce. Asimismo, varios aliados políticos, también son investigados, todos por hechos de corrupción, como es el caso del exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi.
En el caso de dirigente que logró mantenerse al frente de la COB, desde el gobiernos de Evo Morales y Jeanine Añez, se anunció que la denuncia será presentada por una presunta complicidad en los actos enriquecimiento ilícito del exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos, quien estuvo encarcelado por por extorsionar más de Bs 20 millones a empresarios que se adjudicaron contratos con esa cartera de Estado.
La denuncia, será presentada por el abogado y exinvestigador policial, Abel Loma, quien, en entrevista con EL DEBER explicó que el caso de las coimas ya se encuentra con acusación formal y que, la nueva demanda, es para procesar por separado a Huarachi.
El abogado afirmó que la testigo clave de ese caso, Claudia Cortez, cuenta con respaldos documentales contra el exlíder de la COB y otros dirigentes, que conocían de los hechos de corrupción.
Por otro lado, entre las actuales y exautoridades procesadas, también figuran el presidente de YPFB, Armin Dorgathen y el exministro de Justicia, César Siles, sindicado por manipulación de la justicia, con el fin de lograr la destitución de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira.
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