La Defensoría del Pueblo pidió al Ministerio de Educación ser la instancia que defina el incremento, incluso rebajas, de las pensiones en las unidades educativas privadas. En ese marco, demandó además reglamentar un artículo Resolución Ministerial 001/2021 que señala que todo incremento para la gestión 2021 dependerá de la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
El planteamiento se encuentra planteado en una nota remitida por la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, al titular de Educación, Adrián Quelca, en la que también se observa que las obligaciones contractuales no deben condicionar la inscripción del estudiante, toda vez que, limitaría el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes, según una nota de prensa.
Cruz pidió considerar el “difícil momento” económico que pasan las familias y tomar en cuenta que la calidad, asequibilidad y acceso a la educación en las unidades educativas privadas, bajo la modalidad a distancia, implicará la inversión de mayores recursos materiales y humanos de madres y padres de familia.
Por ello, dijo que no debe existir un incremento en las pensiones escolares, y por el contrario, las unidades educativas deberían aplicar una disminución de un 20% o hasta un 30% que no implique una afectación al servicio educativo ni al derecho a la educación.
“Tampoco deben incurrir en la firma de documentos o contratos que signifiquen un abuso hacia la economía de las madres y padres de familia; finalmente, que los establecimientos que incurran en estas irregularidades puedan ser pasibles a sanciones con el pago de multas o la otorgación de becas para estudiantes en situación de vulnerabilidad”, añadió.
Quelca dijo el 13 de enero que las unidades educativas particulares deberán “adecuar” sus contratos con padres de familia tomando en cuenta la modalidad que vayan a aplicar en clases, es decir, a distancia.
La Defensoría del Pueblo habilitó la línea gratuita 80010004 y de WhatsApp 72006607, además de las 18 oficinas defensoriales en todo el país, para recibir denuncias sobre el incumplimiento de cualquier disposición establecida en la Resolución Ministerial 001/2021 del Ministerio de Educación.
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