La Defensoría del Pueblo, a través de la Delegación Defensorial de Oruro, abrió de oficio el caso referido al presunto amedrentamiento por parte de la Gobierno Autónomo Departamental de Oruro contra la periodista C. T. mismo que se difundió en las plataformas de redes sociales.
“La Delegación Defensorial de Oruro, registró de oficio el caso y se investiga los extremos que fueron conocidos. Recordamos a las autoridades y a la sociedad en general que el ejercicio de la prensa se encuentra amparada en la Constitución Política del Estado que garantiza la libertad de expresión”, dijo, Delegado Defensorial Departamental, Juan Arroyo.
Asimismo, explicó que, en el marco de las investigaciones, el Sistema de Servicio al Pueblo (SSP) de la institución defensorial, intentó comunicarse con la periodista para obtener su declaración directa, sin embargo, las llamadas no fueron atendidas; por otro lado, también se emitió un requerimiento de informe a la institución departamental en cumplimiento del procedimiento de la investigación.
El artículo 107 del CPE establece que la información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad.
“Las amenazas de inminentes procesos judiciales, no pueden vulnerar los derechos constitucionales de los trabajadores de la prensa, por lo que la institución defensorial, exhorta a las autoridades sobre todo públicas a respetar, promover y garantizar el ejercicio de los derechos humanos y de todos los ciudadanos bolivianos y, en el presente caso, de los periodistas de la ciudad de Oruro”, concluyó
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