El Gobierno aprobó el Decreto Supremo (DS) 4409 para ajustar el diferimiento de pago de créditos que está vigente hasta el 31 de diciembre de este año. Para esto, estableció tres medidas que van en favor de los prestatarios.
La primera está referida al refinanciamiento y/o reprogramación de las operaciones de crédito cuyas cuotas fueron diferidas, en función a la situación económica y capacidad de pago.
Esto significa que las nueve cuotas diferidas por la pandemia del coronavirus COVID-19 se trasladan al final de la deuda.
Según la segunda medida, las cuotas diferidas no generarán ni devengarán intereses extraordinarios o adicionales.
“No se podrá incrementar la tasa de interés ni se ejecutarán sanciones ni penalizaciones de ningún tipo. Los montos correspondientes al interés devengado por el capital de las cuotas diferidas, se mantendrán invariables, no pudiendo el capital diferida, generar ningún tipo de carga financiera adicional, ni mayores intereses por este concepto”, se lee en la modificación del artículo 2 del DS 4206 del 1 de abril.
La tercera medida se refiere a la ampliación del periodo de diferimiento automático de las cuotas correspondientes al pago de las amortizaciones de crédito a capital e intereses por los meses de junio, julio y agosto de 2020.
“Las Entidades de Intermediación Financiera cobrarán las cuotas que fueron diferidas, de manera posterior a la cuota final del plan de pagos, manteniendo la periodicidad de pago previamente pactada”, dice la norma que modifica uno de los artículos del DS 4318 de 31 de agosto.
MÁS INSTRUCCIONES
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) está encargada de controlar y verificar el cumplimiento.
A las entidades financieras se les instruye que “adecúen sus procesos de análisis y evaluación crediticia, pudiendo incorporar la capacidad de pago de sus prestatarios y la proyección de flujos de caja”.
Por otro lado, establece que “en los casos en que las operaciones de crédito tengan un plazo residual de hasta dos años, la reprogramación se estructurará por un periodo no mayor a los cinco años”.
El ministro de Economía, Marcel Montenegro, explicó que los bancos se estaban amparando en una “mala interpretación” de la norma para cobrar de manera incorrecta intereses adicionales a los deudores, en base a un artículo del Código de Comercio, cuando en realidad el capital e intereses debían estar congelados.
Por otro lado, se trabaja otro decreto en el que los límites que se establecieron para el crédito productivo y de vivienda social se suprimen y se vuelve a aplicar los anteriores.
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