Una resolución reciente ha puesto en aprietos a la Cooperativa de Agua y Alcantarillado de Tarija (Cosaalt), al exigirle el pago de 2.7 millones de bolivianos por una demanda activa en su contra. A este monto se suma una penalidad del 6%, elevando la cifra total por encima de los 3 millones de bolivianos.
El asambleísta departamental Aníbal Rodríguez fue quien dio a conocer esta información, alertando sobre las consecuencias legales y financieras que podrían enfrentar las autoridades de la cooperativa si no se cumple con el fallo emitido.
Según explicó Rodríguez en diálogo con El GUADALUPANO Periódico Digital una vez que la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno Departamental reciba oficialmente la resolución, deberá notificar de forma inmediata a Cosaalt para que la entidad asuma las acciones correspondientes.
A partir de esa notificación, la cooperativa contará con un plazo de tres días hábiles para presentarse ante las autoridades competentes y proceder con el pago de la deuda determinada por la instancia judicial.
En caso de incumplimiento, la resolución establece sanciones severas, entre ellas el congelamiento de cuentas bancarias y el embargo de bienes, como mecanismos de ejecución forzosa para garantizar el cobro.
“Si no se realiza el pago, se ejecutarán medidas como el congelamiento de cuentas y el embargo de activos, tal como lo establece la normativa”, enfatizó Rodríguez durante su declaración.
El asambleísta también cuestionó quién asumirá finalmente esta deuda millonaria, recordando que en anteriores ocasiones los costos de gestiones irregulares terminaron siendo trasladados a los usuarios mediante sus facturas.
“Es momento de preguntarse quién pagará: ¿los responsables de estos últimos diez años o los socios nuevamente?, como ya ha ocurrido en el pasado”, lamentó Rodríguez, señalando la falta de transparencia en la administración de la cooperativa.
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