La Brigada Parlamentaria de Tarija anunció la presentación de una querella penal ante la Fiscalía General del Estado contra los presuntos responsables de los bloqueos y hechos de violencia que afectan a distintas regiones del país. La acción judicial busca que se investiguen delitos vinculados a terrorismo, instigación pública a delinquir, atentados contra la libre transitabilidad y vulneración de derechos constitucionales, en medio de la creciente tensión social que atraviesa Bolivia.
En diálogo con El Guadalupano Periódico Digital, el presidente de la Brigada Parlamentaria de Tarija, Gabriel Corvera, informó que la denuncia fue presentada con el objetivo de identificar tanto a los autores materiales como intelectuales de los conflictos registrados durante las movilizaciones. Según explicó, entre las personas señaladas dentro de la querella figuran dirigentes y actores políticos que, presuntamente, habrían promovido acciones destinadas a generar convulsión social y enfrentamientos en el país.
Corvera sostuvo que la decisión de acudir a la vía judicial responde al cansancio de distintos sectores frente a los constantes bloqueos y episodios de violencia que perjudican a miles de familias bolivianas. Indicó además que existen declaraciones públicas y otros elementos que, a criterio de la Brigada Parlamentaria, evidenciarían intentos de desestabilización y presión política mediante acciones que afectan el normal funcionamiento del país.
El legislador remarcó que la querella no pretende confrontar al Ministerio Público, sino exigir que las instituciones actúen y garanticen el cumplimiento de la ley. Asimismo, afirmó que el propósito es sentar un precedente para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse en el futuro y que las personas involucradas asuman responsabilidad por las consecuencias derivadas de las movilizaciones y bloqueos.
La autoridad también cuestionó lo que calificó como mecanismos de coerción y presión impulsados por determinados sectores sociales, señalando que estas acciones terminan vulnerando derechos fundamentales de la población, como la libre circulación, el acceso a alimentos y combustibles, además de afectar la estabilidad económica de distintas regiones. Sin embargo, aclaró que la denuncia no está dirigida contra las bases sociales, sino contra quienes —según afirmó— promueven actos de violencia y confrontación.
Finalmente, Corvera informó que la Brigada Parlamentaria solicitará que esta acción legal sea además considerada ante instancias internacionales, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a la gravedad de algunos hechos denunciados. En ese sentido, expresó su esperanza de que las investigaciones permitan restablecer el respeto al Estado de derecho y contribuir a frenar la escalada de conflictividad que actualmente golpea al país.
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