La creciente tensión social y política que atraviesa el país continúa generando posiciones enfrentadas entre el Gobierno nacional y los sectores movilizados. En medio de los conflictos, bloqueos y amenazas de nuevas medidas de presión, la Central Obrera Departamental (COD) de Tarija advirtió que no existen condiciones reales para instalar una mesa de diálogo mientras continúen las órdenes de aprehensión contra dirigentes sindicales y representantes de organizaciones sociales.
En contacto con El Guadalupano Periódico Digital, el ejecutivo de la COD Tarija, Jaime Ortiz, manifestó que cualquier convocatoria al diálogo debe estar acompañada de garantías mínimas para los dirigentes convocados, caso contrario afirmó no existiría confianza ni seguridad para participar en negociaciones con el Ejecutivo. Según explicó, la situación afecta directamente a representantes nacionales de la Central Obrera Boliviana, entre ellos Mario Argollo, quien actualmente enfrenta procesos judiciales y órdenes de captura.
Ortiz cuestionó además el tono asumido por el presidente Rodrigo Paz en sus últimas declaraciones públicas, señalando que el país no necesita discursos de confrontación ni mensajes que incrementen la tensión social. A criterio del dirigente sindical, Bolivia requiere escenarios de pacificación y consensos urgentes para evitar que el conflicto continúe profundizándose en distintas regiones del territorio nacional. En ese sentido, sostuvo que el diálogo debe ser amplio, transparente y sin condiciones de presión política o judicial.
El ejecutivo de la COD también señaló que la convocatoria impulsada desde la Vicepresidencia podría convertirse en una oportunidad importante para acercar posiciones, aunque aclaró que la misma debe coordinarse plenamente con el Gobierno central y con todos los sectores involucrados. Indicó que cualquier mesa de negociación que excluya a las organizaciones sociales, sindicatos o representantes de la COB corre el riesgo de fracasar antes de comenzar.
Respecto a la posibilidad de aplicar un estado de excepción para desbloquear carreteras y controlar las protestas, Ortiz afirmó que existen serias observaciones jurídicas sobre esa alternativa. Según indicó, diversos especialistas constitucionalistas consideran que actualmente no existiría un respaldo legal sólido para implementar esa medida, especialmente tras el debate generado por la abrogación de normativas vinculadas a estados de excepción y medidas extraordinarias.
Finalmente, la dirigencia de la Central Obrera Departamental ratificó que mantendrá su postura mientras no existan garantías para los dirigentes sociales procesados o con órdenes de aprehensión. Ortiz insistió en que la única salida viable para superar el conflicto nacional pasa por un diálogo sincero, amplio y sin amenazas, priorizando la estabilidad del país y evitando que la confrontación continúe afectando a miles de familias bolivianas.
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