A poco más de cuatro meses de las elecciones subnacionales previstas para el domingo 15 de marzo de 2026, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) advierte que el proceso podría entrar en riesgo si la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no aprueba de manera inmediata la ley excepcional y transitoria que regula la distribución de escaños departamentales y habilita la convocatoria oficial a los comicios.
El vocal Tahuichi Tahuichi Quispe explicó que la Ley 026 del Régimen Electoral exige convocar a los comicios subnacionales, al menos 120 días antes de la jornada de votación.
“Si la Asamblea no aprueba la ley, las elecciones subnacionales estarán en riesgo. Es una condición indispensable para poder convocar”, sostuvo.
El proyecto, enviado inicialmente el 14 de octubre y reingresado el 11 de noviembre, debe definir el número de asambleístas departamentales en los cinco departamentos que no cuentan con estatutos autonómicos —La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Potosí— además de Tarija y Beni, que también requieren esa delimitación. “Sin esa ley, el TSE no puede legalmente convocar a elecciones”, enfatizó Quispe.
Presupuesto de Bs 306 millones
El vocal Francisco Vargas complementó el diagnóstico técnico con una cifra: Bs 306 millones es el presupuesto requerido para la organización de las elecciones, monto ya incorporado en el Presupuesto General del Estado 2026. “Ya ha sido presentado en agosto y se encuentra para su tratamiento en la Asamblea Legislativa”, precisó.
El TSE prevé emitir la convocatoria entre el 15 y el 30 de noviembre, siempre que el Legislativo apruebe la ley transitoria. “Requerimos que la Asamblea viabilice este proyecto de ley, porque sin él no se puede definir la cantidad de escaños ni iniciar el proceso operativo”, señaló Vargas.
La norma es crucial para estructurar el calendario electoral que incluye el empadronamiento masivo previsto entre el 25 de noviembre y el 9 de diciembre, período durante el cual deberán registrarse los jóvenes que cumplirán 18 años hasta el día de la elección.
Más de 5.000 autoridades elegidas
En las elecciones subnacionales de 2026, Bolivia renovará más de 5.000 autoridades en los distintos niveles de gobierno departamental, municipal y regional, lo que convierte este proceso en el más amplio y complejo del sistema democrático nacional.
Serán elegidos nueve gobernadores, 337 alcaldes, más de 2.000 concejales, además de asambleístas departamentales y representantes de gobiernos regionales.
El vocal Gustavo Ávila destacó la magnitud del desafío que enfrenta el TSE. “En realidad, tenemos más de 5.000 cargos electivos. En el último proceso subnacional del año 2021 llegamos a tener cerca de 30.000 candidatos”, recordó.
El proceso abarca la elección de gobernadores, alcaldes, concejales, asambleístas departamentales y representantes regionales, lo que convierte a las subnacionales.
Ávila subrayó que la fecha de elección no es negociable: “Las autoridades tienen un mandato que vence los primeros días de mayo. Si no se vota en marzo, todas cesarían en sus funciones. No hay margen para la improvisación”, sostuvo.
La presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, María Cristina Claros, informó que ya están habilitadas 44 agrupaciones municipales y 8 departamentales, reflejo de la intensa competencia política que se avecina.
Responsabilidad de los TED
Los tribunales electorales departamentales (TED) de Bolivia tienen la responsabilidad fundamental de organizar, administrar y supervisar el desarrollo de las elecciones subnacionales dentro de sus respectivos departamentos. Esto incluye la planificación logística del proceso electoral, la capacitación del personal involucrado, la distribución del material electoral y la garantía de que el proceso se lleve a cabo de acuerdo con las normas establecidas por el TSE.
Además, los TED tienen la tarea de resolver, en primera instancia, las impugnaciones, reclamos y recursos presentados durante el proceso electoral, tanto por candidatos como por organizaciones políticas o ciudadanos. Esta función jurisdiccional garantiza que los conflictos sean atendidos de forma oportuna y conforme a la normativa electoral vigente.
De igual modo, los TED son responsables del cómputo y la proclamación oficial de los resultados en su jurisdicción, contribuyendo así al fortalecimiento de la democracia y la credibilidad institucional en el ámbito local y regional.
Carrera contra el tiempo
El calendario electoral diseñado por el TSE no deja espacio para demoras. Si la elección se retrasa una semana —del 15 al 22 de marzo, por ejemplo—, la segunda vuelta en caso de gobernaciones disputadas tendría que realizarse el 26 de abril, comprometiendo los plazos para la transición de autoridades el 3 de mayo de 2026.
Entre el 6 y 8 de mayo, las autoridades regionales cumplen su mandato”, el plazo fatal. En ese marco, urge cumplir el cronograma trazado por el TSE para evitar una posible prórroga de las actuales autoridades. “Estamos al filo”, advirtió Tahuichi Quispe.
“Mover una semana la elección pone en riesgo la transición y podría derivar en la prórroga de mandatos. Eso sería un retroceso institucional”, indicó el vocal.
Renovación institucional
El proceso electoral coincide, además, con el fin del mandato de los actuales vocales del TSE, que concluye el 18 de diciembre de 2025. La Asamblea deberá, por tanto, designar a nuevos vocales nacionales y departamentales antes de esa fecha, para garantizar la continuidad institucional del órgano electoral.
“Es responsabilidad de las asambleas departamentales y del Legislativo nacional elegir a los nuevos vocales. De lo contrario, se compromete la conducción del proceso”, recordó Tahuichi Quispe.
El TED de Cochabamba, por ejemplo, debe completar una vocalía para encarar el proceso de las subnacionales cuya primera tarea es el empadronamiento de los jóvenes que cumplirán 18 años hasta marzo.
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