Según el cuaderno de investigaciones del Ministerio Público, el alcalde Adhemar Wilcarani y la concejal Anave, intervinieron con órdenes directas para emitir la autorización de la ‘fiesta bailable’ del colegio Juan Misael Saracho, de Oruro.
A medida que pasan los días, las investigaciones en el caso de la avalancha del colegio Juan Misael Saracho donde murió una joven de 18 años, salen a la luz más datos en torno a los sucesos que desembocaron en una tragedia la noche del 21 de septiembre. Uno de esos datos es que fue el propio alcalde de Oruro, Adhemar Wilcarani, a pedido de una concejal municipal, quien intervino en el hecho y supuestamente ordenó autorizar la fiesta.
El dato, al que obtuvo acceso EL DEBER, ya es parte del cuaderno de investigaciones que maneja el Ministerio Público en la ciudad de Oruro donde se investiga el caso por la presunta comisión de cuatro delitos: homicidio culposo, lesiones culposas, uso indebido de bienes del Estado e influencias.
La tipificación de los delitos se enmarca en el hecho de que el festival que hizo el colegio Saracho fue en instalaciones que pertenecen al Estado, dado que el colegio Saracho es una unidad educativa pública, y el punto de uso indebido de influencias, se maneja bajo la hipótesis de que altas autoridades del Concejo Municipal y de la Alcaldía, habrían intervenido directamente, saltando procedimientos legales y regulares, para ‘autorizar’ la fiesta.
Declaración informativa
Según la declaración informativa del funcionario municipal José Luis M. L. que recogió la Fiscalía, la pasada semana, una concejal municipal de nombre Nieves Anave, fue observada vendiendo entradas para un concierto, en referencia al evento del Saracho. Los hijos de dicha funcionaria son alumnos de esa institución.
En ese marco, la concejal acudió ante el funcionario del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO) que es investigado, José Luis M. L. a quien le pidió que agilice la autorización del evento.
El funcionario respondió que no podía emitir dicho permiso, ya que únicamente está facultado para cumplir instrucciones de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), es decir, el burgomaestre de Oruro, Adhemar Wilcarani.
Ante la negativa, siempre con datos del cuaderno de investigaciones, la concejal se dirigió rápidamente al despacho del alcalde de Oruro, Wilcarani, para pedirle su intervención.
Minutos después, el burgomaestre en persona se contactó vía teléfono celular con el funcionario y le ordenó agilizar el trámite.
Después del trágico desenlace, altos funcionarios municipales en conferencia de prensa salieron a deslindar toda responsabilidad del hecho asegurando que no autorizaron ningún evento de ese tipo. Acto seguido, el GAMO presentó una denuncia contra el funcionario municipal José Luis M.L., a quien apuntaron como el único responsable.
La Fiscalía investiga
Tras la revelación de estos hechos y de otros detalles, el Ministerio Público en Oruro determinó ampliar la investigación a padres de familia que promovieron la actividad, profesores que coadyuvaron en el evento y también funcionarios municipales.
La Fiscalía toma estos tres ejes para investigar porque son los hilos conductores del hecho que desembocó en una tragedia la noche del 21 de septiembre con la muerte de Iris Alejandra, una joven de 18 años, ajena al colegio Saracho, pero que murió en sus instalaciones de una de las formas más crueles, aplastada por otras personas.
“Se ha citado a más de una decena de personas entre profesores y padres de familia quienes también tienen que presentarse a prestar sus declaraciones. También hay funcionarios de la Alcaldía municipal que presuntamente han dado una orden irregular con la cual se ha llevado la fiesta”, detalló el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales.
La autoridad del Ministerio Público adelantó que si los datos de la investigación arrojan nuevas evidencias habrá más aprehensiones e imputaciones, todo con tal de esclarecer los hechos, dar con las personas responsables y solicitar al sistema judicial las sanciones que amerite el caso.
“Si así lo amerita van a haber más aprehensiones, más imputaciones. La Fiscalía va a llegar a la verdad material de este trágico hecho”, subrayó Morales a medios estatales.
Mientras, las dos primeras personas investigadas y procesadas por la tragedia en esa unidad educativa, el cantante de cumbia Percy R. y la directora del Colegio Saracho, se beneficiaron con medidas sustitutivas en la audiencia de medidas cautelares, una fianza de Bs 5.000, la obligación de presentarse cada 15 días en la Fiscalía, el permiso de trabajar y la prohibición de salir del país. “Las investigaciones en este caso apenas empiezan”, dijo Morales.
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