El TSE confirma que más de 5.000 cargos departamentales, regionales y municipales serán elegidos para el periodo constitucional 2026-2031
El 22 de marzo de 2026, Bolivia renovará a más de 5.000 autoridades de los niveles de gobierno departamental, regional y municipal, establece la convocatoria emitida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
De acuerdo con la Resolución TSE-RSP-ADM 510/2025 del 20 de noviembre de 2025, se elegirá a las autoridades de los nueve gobiernos departamentales, de 336 gobiernos municipales y del gobierno autónomo de la región del Gran Chaco de Tarija para el periodo constitucional 2026-2031.
En el caso de los gobiernos autónomos departamentales se elegirán a gobernadora o gobernador en los nueve departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia y vicegobernadora o vicegobernador en los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando.
Además de subgobernadores o subgobernadoras y corregidoras o corregidoras en el departamento del Beni; asambleístas departamentales por territorio y por población en los nueve departamentos; y asambleístas departamentales por normas y procedimientos propios.
Para el Gobierno Regional del Gran Chaco, se elegirá a un ejecutivo o una ejecutiva regional; ejecutivos de desarrollo y asambleístas regionales.
En tanto que en los municipios alcaldesas o alcaldes y concejalas y concejales.
La convocatoria establece que las representaciones de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos que sean minoría poblacional en los departamentos, región del Gran Chaco y municipios, además de las representaciones indígenas reconocidas en la Ley 1700 de las elecciones subnacionales, serán elegidas de acuerdo a sus normas y procedimientos propios.
El Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), en coordinación con los tribunales electorales departamentales, realizará la supervisión de la elección.
Como en cada elección subnacional, los tribunales electorales de Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando estarán a cargo de la administración y ejecución del proceso electoral, en el marco de las normas, resoluciones, reglamentos y directrices del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
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