Se busca erradicar uniones infantiles, muchos de los cuales son impulsados por acuerdos familiares y, en algunos casos, incluso involucra a las víctimas con sus agresores
El presidente en ejercicio de Bolivia, David Choquehuanca, promulgó una nueva ley que modifica otra normativa vigente en el país para prohibir el matrimonio y la “unión libre” de menores de edad.
La normativa promulgada es la Ley 1639, que modifica el contenido de la Ley 603 de “Código de las Familias y del Proceso Familiar”, vigente desde el 19 de noviembre de 2014.
La promulgación fue confirmada cerca de la medianoche del miércoles por las redes sociales del presidente Luis Arce, quien se encuentra de viaje en Estados Unidos.
“Hoy, una vez que la Asamblea Legislativa Plurinacional remitió al Órgano Ejecutivo la Ley Modificatoria a la Ley N°603 de Código de las Familias y del Proceso Familiar, nuestro presidente en ejercicio, David Choquehuanca, inmediatamente la promulgó”, afirmó Arce.
El mandatario recuerda que en la nueva norma “se establece que el matrimonio o la unión libre entre personas menores a la edad requerida, es nulo de pleno derecho y no puede convalidarse bajo ninguna circunstancia”.
La nueva ley fue sancionada en la Cámara de Diputados el pasado 17 de septiembre y, según una nota informativa de dicha instancia legislativa, tiene como objetivo principal la protección integral de niñas, niños y adolescentes, alineándose a los principios internacionales de los derechos humanos y la protección infantil, para prevenir los matrimonios forzados y resguardar el bienestar físico, mental y social de los menores.
“Se busca erradicar los matrimonios y uniones infantiles, muchos de los cuales son propiciados por acuerdos familiares que vulneran los derechos de los menores, exponiéndolos a situaciones de abuso y violencia. En algunos casos, estas uniones involucran a las víctimas con sus agresores, lo que pone en riesgo su salud y desarrollo emocional”, indica la publicación de Diputados.
En Bolivia, hasta ahora, se permitía matrimonios de adolescentes desde los 16 años con autorización judicial o paterna, una figura legal que fue objeto de críticas durante décadas por organismos internacionales, señala un reporte de la estatal Abi.
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