Bolivia enfrenta 10 arbitrajes internacionales, cinco comerciales y cinco de inversión, los que tienen un valor acumulado de $us 1.000 millones, que representan un desafío significativo para las finanzas estatales, informó este domingo el Procurador del Estado, César Siles.
En entrevista en el canal del Estado, la autoridad detalló que en tres de los procesos de inversión se emitieron laudos arbitrales, de los cuáles uno fue objeto de un pedido de nulidad y los otros dos casos están sujetos a correcciones y aclaraciones.
Entre los casos más destacados se encuentra el fallo desfavorable para el Estado en la disputa con Glencore, donde se ordena un pago de $us 253.591.796 debido a la nacionalización de la Empresa Metalúrgica Vinto y la mina Colquiri, pero aún está sujeto a modificaciones.
En contraparte, la Corte Permanente de Arbitraje rechazó la demanda presentada por la Compañía Minera Orlandini Ltda., que buscaba un resarcimiento de $us 253 millones por la reversión de concesiones mineras. Esto implica que el Estado deberá asumir costos administrativos por el proceso y pagar honorarios legales, estimados en $us 3 millones al bufete de abogados que defendió al país.Según la autoridad, el Estado boliviano contrató a 10 bufetes de abogados internacionales para atender los arbitrajes a los que se les paga aproximadamente $us 16 millones. «Lo que ahora se pretende es bolivianizar la defensa legal de los intereses del Estado y los resultados se tendrán a corto y mediano plazo», aseguró.
Entre los casos pendientes destacó el litigio con las suizas Zurich Insurance Company Ltd y Zurich South America Invest AB, propietarias de la administradora de fondos de pensiones Futuro de Bolivia, que llevaron a Bolivia a un arbitraje internacional tras la nacionalización del sistema de pensiones.
Asimismo, está el proceso interpuesto por el Consorcio Cementero del Sur SA por la expropiación de sus acciones en la Fábrica Nacional de Cemento SA (Fancesa) por más de $200 millones. También está de la empresa Durón LLC contra la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa); que pedía una indemnización de hasta $us 15 millones por un presunto incumplimiento de contrato en la compra de trigo.
Los otros son Shell contra Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y contra una empresa internacional que fue contratada por la Gestora de Pensiones en Bolivia, los que todos suman $us 1.000 millones, cifra que bajó con el reciente fallo arbitral a favor del Estado, con el que se liberaría entre $us 500 y 600 millones.
«Primero vamos a empezar con los arbitrajes comerciales y luego con los de inversión que son más complicados pues se requiere (saber) idiomas y litigar en el extranjero. En los comerciales, algunos de ellos se llevan a cabo en Bolivia en la Cámara de Comercio de Santa Cruz y pueden ser atendidos y patrocinados por los abogados de la Procuraduría», indicó.
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