La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDH) acusó este jueves a la Gobernación de Santa Cruz, dirigida por Luis Fernando Camacho, de aplicar un terrorismo de Estado para obligar al pueblo cruceño a cumplir el paro indefinido que ya lleva 20 días.
“La Gobernación de Santa Cruz es una entidad estatal, pero en este conflicto reemplazó sus competencias departamentales de gobierno por actos típicamente considerados como terrorismo de Estado, condenado por el sistema americano de Derechos Humanos”, alertó la APDH en un comunicado divulgado en las últimas horas.
La entidad, integrante de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), denunció que, desde hace 20 días, “grupos armados de explosivos, armas de fuego y objetos utilizados a modo de garrotes, se encargan de hacer cumplir el atentatorio paro de actividades de la vida urbana, dispuesto por la Gobernación y el denominado Comité Cívico de Santa Cruz” en demanda de que el Censo se realice el año 2023, sin considerar los criterios técnicos que exige ese proceso.
Pone en evidencia que la violencia “ejercida contra quienes quieren ejercer a plenitud” sus actividades, es tal que provocaron la muerte de dos personas humildes, la primera un trabajador de Puerto Quijarro golpeado hasta morir, el 22 de octubre, y el segundo, un joven albañil que falleció el 9 de noviembre como “efecto guillotina, cuando intentaba cruzar en su motocicleta una calle con alambres tendidos; además, de otras víctimas que son duramente apaleadas”.
Además de que los lugares de bloqueos, que impiden la circulación libre de personas y transporte público y privado, “se convirtieron en escenarios de alta peligrosidad convertidos en improvisadas cantinas, extremos denunciados por vecinos de barrios afectados por todos estos hechos”.
Pero también, la APDH ¡denunció que los perpetradores de la violación colectiva de derechos humanos en Santa Cruz “ordenaron” que los mercados de abastecimiento de alimentos suministren por solamente cuatro horas los días martes y miércoles.
A la par recordó que, desde el miércoles, la “violencia política” en Santa Cruz se extendió a un asedió, que lo llaman “vigilias”, en los edificios estatales con el propósito de paralizar las actividades al público usuario.
Luego de recapitular esos hecho de violencia, la Asamblea acusó al Comité cruceño de “echar por la borda el diálogo democrático por el Censo Nacional de 2024 en Trinidad”, en donde el gobierno nacional, las gobernaciones departamentales, alcaldías municipales, universidades públicas, asociaciones de municipios y regiones autónomas de indígenas originarios campesinos, finalmente acordaron” recomendar al presidente Luis Arce Catacora realizar el Censo de Población y Vivienda entre los meses de marzo y abril de 2024.
Por último, la APDH recordó al “Estado boliviano la obligación irrenunciable de proteger a sus ciudadanos y de hacer cumplir las garantías y derechos constitucionales, implemento que conlleva responsabilidades internas y ante los organismos de derechos humanos”.
ABI
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