El presidente Luis Arce dejó en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el destino del Decreto Supremo 5143 que reglamenta la ley sobre Derechos Reales, y «lamentó» la campaña política de desinformación para «hacer creer» a la población que estaba en riesgo la propiedad privada.
«Hemos visto que se han presentado algunos recursos (contra el decreto 5143) para que sea el Tribunal Constitucional quien pueda manifestarse al respecto, esperaremos qué dice el Tribunal Constitucional», afirmó en un diálogo abierto con la prensa nacional en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz.
Arce negó que el contenido del decreto busque «afectar la propiedad de la gente» o «expropiar» las casas de las familias bolivianas, como algunos políticos, entre ellos los seguidores de Evo Morales y de las opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana (CC), denunciaron para movilizar a la población.
Comparó la situación con lo ocurrido en 2009, cuando los políticos de oposición alertaban falsamente a la población que el Gobierno pretendía quitarle sus casas y vehículos con la nueva Constitución Política del Estado (CPE).
Los seguidores de Morales y la oposición coincidieron también en exigir una ley y no un decreto para normar el trabajo de Derechos Reales.
La bancada del MAS-IPSP, a través del diputado Juan José Jauregui, presentó en esta jornada al TCP una acción de inconstitucionalidad de carácter abstracto contra la forma en la que se aprobó el decreto, y solicitó la medida cautelar de suspensión en su aplicación hasta conocer una sentencia.
«Nunca ha pasado por nuestra cabeza la expropiación de viviendas de la población, repito, solamente eso he escuchado de la mente de la derecha en el 2009, y lamentamos que algunos compañeros hayan caído en ese mismo discurso de la derecha», cuestionó.
De acuerdo con el presidente, el objetivo del decreto es «ordenar» de Derechos Reales, contar con sistema informático único, y no «34 sistemas que están actuando ahí independientemente», y evitar hechos como los dobles registros y ventas de casas y terrenos sin que los dueños se enteren.
La meta es contar con «Derechos Reales fortalecido, automatizado y sistematizado, para que no haya posibilidad de que una casa, un departamento o un terreno tenga tres o cuatro dueños», pero -añadió- «al parecer hay intereses a los que les conviene que esto se siga así».
Agencias
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