La defensa de Fernando Camacho denunció al menos 30 vulneraciones al debido proceso. Una de las más graves es que el Gobierno exhibió la foto del gobernador sin su permiso y en un estado de vulnerabilidad.
El Ministerio Público activó un tercer proceso contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, desde que está detenido en la cárcel de Chonchocoro. Este último caso es por el paro cruceño de 36 días, el segundo es por el delito de violación y el primer proceso es por el caso “Golpe I”, por el que fue aprehendido el 28 de diciembre de 2022.
En ese marco, los abogados de Camacho denunciaron ayer que en los procesos contra la autoridad cruceña la justicia y el Ministerio Público incurrieron en más de 30 vulneraciones al debido proceso y también en acciones dilatorias al tratar los recursos que presentan los abogados a favor de su defendido.
El abogado Juan Carlos Camacho informó que ayer se suspendió la audiencia por el recurso de incompetencia en el proceso por el paro cruceño de 36 días. La Fiscalía no notificó a quienes presentaron la denuncia en el Ministerio Público de La Paz.
“A las 11 de la mañana estaba prevista la audiencia para tratar las excepciones de incompetencia en razón de territorio (…), sin embargo, la Fiscalía no habría puesto en conocimiento cuáles son los datos de las partes denunciantes”, informó el abogado Camacho.
Esta denuncia fue presentada el 11 de noviembre de 2022 por la Central Obrera Regional (COR) de El Alto contra Camacho y otros líderes cruceños, por la presunta comisión de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, atentado contra el presidente y otros dignatarios, violencia política contra mujeres, racismo, discriminación y atentado contra la libertad de trabajo.
El 13 de noviembre del año pasado, la Fiscalía admitió la denuncia y se activó el proceso 14 días después de que Camacho fue encarcelado.
El gobernador cruceño fue aprehendido en un violento operativo con policías encapuchados, de civil y armados, el 28 de diciembre de 2022, acusado por el caso “golpe I”.
El segundo proceso contra Camacho es una denuncia por el delito de violación supuestamente ocurrido hace 35 años. Él fue notificado el 30 de diciembre de 2022 y, cuando ya estaba en Chonchocoro, fijaron su audiencia de declaración informativa para el 3 de enero, pero se suspendió por la ausencia de la Defensoría del Pueblo, además que la justicia paceña declinó su competencia y mandó el expediente a Santa Cruz, donde se presentó la denuncia. La defensa de la autoridad adelantó que mañana será la audiencia por este proceso.
Audiencias suspendidas
La mañana de ayer, la justicia programó dos audiencias en dos procesos diferentes contra el gobernador Camacho, no obstante, ambas se suspendieron por incumplimientos procesales administrativos y faltas al procedimiento para informar a las partes interesadas.
La primera fue programada a las 8:30 para tratar el recurso de apelación a la detención preventiva, la misma se instaló en la Sala Penal Segunda del TDJ, pero, después de casi dos horas de iniciada la audiencia, la jueza Rosmery Pabón suspendió la misma y devolvió los obrados a la Sala Octava de Instrucción Penal, donde el juez, Sergio Pacheco, no habría adjuntado la documentación que acredita la representación legal de la Procuraduría.
La segunda audiencia, programada para las 11:00, era para tratar la acción de incompetencia del TDJ de La Paz en la denuncia que presentó la COD alteña por el paro cruceño. La defensa de Camacho informó que se suspendió porque la Fiscalía no notificó a los denunciantes del caso y sólo estaba presente la parte demandada.
Denuncias de vulneraciones
En ese marco, los abogados del gobernador Camacho denunciaron que además de las suspensiones de ayer, la justicia, el Gobierno y la Fiscalía cometieron una serie de vulneraciones dentro de todos los procesos contra su defendido. Citaron más de 30 infracciones y vulneraciones.
Una de las más graves fue que el Gobierno exhibió ante los medios de comunicación una foto de Camacho en Chonchocoro, postrado en un camastro y mostrando a la autoridad en una situación de “vulnerabilidad evidente” por su estado de salud. “Sin autorización del gobernador se han exhibido estas imágenes a nivel nacional por un canal de televisión (…), en ningún momento el gobernador ni ninguno de los abogados hemos autorizado que se emitan esas imágenes”, dijo el abogado Juan Carlos Ledezma a Página Siete.
Por tal motivo, la defensa de Camacho presentó al TDJ de La Paz un recurso constitucional de acción de protección a la privacidad de Camacho, esta acción es contra el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, el Director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias y el gobernador de la cárcel de Chonchocoro. La defensa exige que no se tomen más imágenes de Camacho y se respeten sus derechos humanos.
“Desde el inicio del proceso hasta donde hemos tenido conocimiento, son más de 30 o 40 irregularidades que hemos encontrado. Por ejemplo, por delitos que no tienen tratamiento especial, plazos procesales vencidos, una aprehensión completamente abusiva y arbitraria, retardación en la tramitación de audiencias, retardación en las citaciones, emplazamientos suspendidos”, dijo el abogado Juan Carlos Camacho a este impreso.
Los acusadores
En la primera audiencia de ayer, el abogado de Lidia Paty y el representante de la Procuraduría, que son parte acusadora, observaron la legalidad de la vocal Rosmery Pabón, argumentando que sus funciones habrían fenecido el viernes 6 de enero.
“Le vamos a pedir que nos informe si es cierto que ha sido notificada con la cesación de funciones por el Consejo (de la Magistratura) o si hay una ampliación de mandato”, inquirió el abogado Jorge Nina.
En respuesta, la vocal Pabón respondió que no fue notificada con ningún memorando sobre el cumplimiento de sus funciones y que está en el marco de la legalidad.
Pagina Siete
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