El Tribunal Agroambiental solicitó al Ministerio Público asumir acciones en contra de las personas y organizaciones que generan violencia y zozobra en propiedades privadas
Ante los últimos hechos de avasallamientos en el oriente boliviano, el Tribunal Agroambiental (TA) expresó su preocupación por la falta de seguridad jurídica que el Estado ofrece al sector productivo. El presidente del TA, Richard Christian Méndez, señaló que en las próximas horas solicitará al Ministerio Público asumir acciones en contra de las personas y organizaciones que generan violencia y zozobra en propiedades privadas.
“Vemos con mucha preocupación el hecho de no haberse concluido el proceso de saneamiento que desnuda una falta de seguridad jurídica por parte del Estado al sector productivo quienes se ven amenazados con acciones de hecho, con incursiones violentas en propiedades donde existe actividades productivas que garantizan la seguridad y soberanía alimentarias, tenemos la obligación de asumir una decisión como Tribunal Agroambiental”, señaló Méndez.
La autoridad indicó que el TA está en contra de toda acción y medidas de hecho que pongan en riesgo la soberanía y seguridad alimentaria del país, toda vez que estas acciones violentas están golpeando al sector productivo que está generando mayor riqueza en el país pese a la situación de crisis económica, crisis ambiental y requiere protección del Estado.
“Están destruyendo la seguridad jurídica, la estructura institucional. Llama la atención que el nivel central tampoco emite ningún comunicado o ninguna acción, particularmente del Instituto Nacional de Reforma Agraria y del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, entes encargados de velar por la correcta tuición de la propiedad agraria”, remarcó.
Méndez dijo que el TA emitirá un comunicado en la que se volverá a recordar al Estado su labor de garantizar la propiedad privada, la seguridad y soberanía alimentaria y la estabilidad institucional en el país.
Agregó que los predios afectados son propiedades que tienen derecho propietario, que tienen inversiones y el Estado no debe permitir medidas de hecho.
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