Las exautoridades del Ministerio de Salud, Eduardo Diaz Pizarro y Juan Carlos Arraya Tejada, fueron sentenciados por la compra irregular de 500 respiradores pulmonares durante la primera ola del Covid-19.
Dos exfuncionarios del Ministerio de Salud, fueron sentenciados en el marco del juicio por la compra con sobreprecio de 500 “respiradores” de fabricación china, durante la primera ola del Covid-19, en la gestión de Gobierno de Jeanine Añez. El reporte también señala que otros cinco acusados fueron absueltos.
El procurador general del Estado, Ricardo Condori, informó que la condena se dictó contra Eduardo Diaz Pizarro y Juan Carlos Arraya Tejada a ocho y dos años de cárcel, respectivamente, en el Juzgado de Sentencia Anticorrupción 25 del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
“Los acusados fueron condenados por incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado, luego de probarse de que con dicho acto de corrupción se provocó un daño económico al Estado, por $us 10.456.332, toda vez que en la primera ola del Coronavirus, en la gestión 2020, dieron curso a la adquisición de 500 ventiladores pulmonares con compresor, de procedencia China”, informó la autoridad.
Condori detalló que los 500 aparatos no eran respiradores, sino ventiladores pulmonares con compresor de la marca GUANZHOU YUESHEN, del modelo YSAV400A, de procedencia China. “No cumplían con 40 ítems establecidos en las especificaciones técnicas determinadas en el proceso de contratación”, afirmó.
Diaz y Arraya deben cumplir su condena en el centro penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz, además de pagar multas y costas a favor del Estado, indicó el Procurador.
Sin embargo, también se informó que las autoridades judiciales determinaron absolver a Vania Huaira Vargas Guzmán, Jorge Cristhian Sánchez Caero, Elías Ramón Cordero Cuevas, Marco Antonio Peñaranda Inchausti y Graciela Enriqueta Minaya Ramos, quienes inicialmente fueron acusados por los delitos de Conducta Antieconómica, Incumplimiento de Deberes y Delitos Contra la Salud Pública, “situación que será apelada por la Procuraduría General del Estado”, puntualizó el titular de la PGE.
“La Procuraduría General del Estado, actuando bajo las facultades que le otorga la Constitución Política del Estado y el ordenamiento legal vigente, promovió una intervención conjunta e interinstitucional responsable en este proceso penal, obteniendo un resultado inédito y favorable, permitiendo reafirmar al pueblo boliviano nuestro incansable compromiso en la defensa de los intereses, la soberanía y el patrimonio del Estado”, aseveró la autoridad.
El Deber
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