Una vez que se reactivó la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, el Gobierno pide que se procese al diputado evista, Gualberto Arispe (MAS), por las amenazas de muerte que realizó a fines de diciembre desde el Chapare, Cochabamba.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, demandó a los diputados de esta Comisión tomar el caso y procesar al legislador evista. El funcionario considera que las amenazas fueron contra los policías.
«Es momento que ahora la Comisión de Ética de esta instancia procese al señor Gualberto Arispe por estas acusaciones (amenazas) que ha emitido. ¿Qué ejemplo le está dando este legislador a nuestra ciudadanía en nuestro país?”, cuestionó Ruiz en declaraciones a los periodistas.
El 30 de diciembre de 2024, Arispe desde el Chapare afirmó a la prensa que si quieren detener a Evo Morales que está atrincherado en esa región, desde hace más de tres meses, que vaya al lugar pero con la certeza de que en el intento pueden perder la vida.
«Aquel que quiere venir a aprehender a Evo que venga, pero decidido a morir, y si no está decidido a morir mejor que no venga porque acá estamos decididos para (a) defender a nuestro hermano Evo Morales Ayma”, disparó Arispe.
Desde el último trimestre de 2024, el Gobierno de Luis Arce reactivó una denuncia penal contra el expresidente Morales, quien es acusado por la presunta comisión de abusos sexuales contra una menor de edad, actos que el propio presidente Luis Arce aseguró que era un “secreto a voces”.
No obstante, a pesar que desde el año pasado, aseguran que existe orden para aprehenderlo, la Policía no aplica sus operativos de detención como lo hizo con otros políticos y autoridades como es el caso del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
Mientras a la par de que el Gobierno hace anuncios de operativos para la captura de Morales, éste incrementa su seguridad y se blinda más con las organizaciones campesinas, ‘policía sindical’ y guardaespaldas personales que vigilan hasta la sombra del líder cocalero.
En esa trama también está el rol de sus parlamentarios fieles, como es el caso de Arispe que habló de muertos en caso de que las fuerzas del orden ingresen al trópico para aprehender a Morales.
«Él (Arispe) debe ser un ejemplo de respeto pero vemos que instiga a delinquir públicamente, lanza amenazas flagrantes contra la vida y la integridad de la Policía, y además haciendo gala de que aparentemente tendría algún grupo irregular que sustente sus declaraciones”, señaló el viceministro Ríos.
En caso de que llegue una denuncia contra Arispe a la Comisión de Ética, esta instancia deberá sesionar en sala plena y definir si procesará o no al legislador.
Según el artículo10 del Reglamento de la Comisión de Ética de Diputados, si un legislador incurre en “faltas gravísimas (…) será sancionada o sancionado con la separación definitiva de la Cámara de Diputados y de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esta sanción implica la pérdida de mandato”.
También existen sanciones menos drásticas como la separación temporal del Parlamento, desde tres a 12 meses, sin goce de haberes.
Después de dos años, de vacío, la Cámara de Diputados reactivó la Comisión de Ética, instancia que está conformada por 12 asambleístas, seis titulares y seis suplentes que representan a las tres bancadas registradas oficialmente.
«Queda aprobada y conformada la Comisión de Ética”, selló el presidente de Diputados Omar Yujra en la sesión que inició a las 9 horas de esta jornada.
La Comisión de Ética está conformada por tres diputadas del MAS: Lidia Tupa Zelaya, María José Rodríguez Galvez y Magaly Gómez Aranibar; dos Pamela Soraya Alurralde Barea y Sebastián Divico Muchairo, ambos de Comunidad Ciudadana (CC) y Alba Moira Ozinaga Rivero, de Creemos.
En tanto, los suplentes son: Betty Yañiquez, Rosario García y Adriana Tarifa, del MAS; Enrique Urquidi y Carlos Alarcón, de CC; y Rosa Carrasco, de Creemos.
Acerca del autor
