En su informe preliminar, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) recomendó realizar una evaluación integral del sistema de selección y elección de autoridades judiciales en Bolivia.
En el documento, se identificaron deficiencias estructurales en la normativa electoral, así como la polémica autoprorrogación de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“La ausencia y falta de claridad normativa en cada etapa del proceso fomenta decisiones administrativas y judiciales con fundamentos escasos o inconsistentes”, señala el informe preliminar.
El documento enfatiza la necesidad de aprobar una ley general, previamente socializada, que regule integralmente el proceso de selección, promoviendo mayor transparencia, imparcialidad, eficacia y legitimidad. La MOE/OEA advierte que la interferencia política debilita las instituciones judiciales y genera desconfianza en la ciudadanía.
Además, destacó que la extensión del mandato de los magistrados del TCP, en contravención de los plazos constitucionales, les permite mantener el control mayoritario del Tribunal, situación que agrava la crisis institucional.
“La Misión hace un llamado enérgico a las instituciones bolivianas a encontrar una solución urgente para completar la selección de integrantes pendientes del TSJ y el TCP, respetando estrictamente la Constitución”, indica el informe.
Entre sus recomendaciones clave, la MOE/OEA plantea:
• Es urgente sistematizar y armonizar la normativa mediante la aprobación de una ley marco clara, precisa y de fácil comprensión, que regule todas las etapas y aspectos relacionados con la preselección, selección y elección de autoridades judiciales. Este marco debe garantizar la transparencia, publicidad, objetividad y meritocracia, limitando la discrecionalidad y reduciendo las posibilidades de interferencia política.
• Se debe replantear el papel de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en el proceso de preselección de candidatos/s, evaluando la posibilidad de incorporar a esta etapa a un comité técnico especializado compuesto por expertos imparciales, quienes aseguren una evaluación basada en méritos y capacidades.
• Implementar mecanismos efectivos de transparencia activa y máxima publicidad, garantizando la publicación oportuna de documentos clave y estableciendo un canal permanente de comunicación entre las veedurías ciudadanas, las comisiones evaluadoras y la ciudadanía.
• Es imprescindible establecer un régimen claro, accesible y efectivo para las impugnaciones que puedan surgir en cualquier etapa del proceso, con el objetivo de reducir la judicialización innecesaria en las altas cortes y preservar la imparcialidad de las decisiones.
• Considerar reformas al sistema de elección por circunscripción departamental de las y los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Tribunal Supremo de Justicia, analizando los efectos que esta modalidad tiene sobre la percepción de parcialidad y representación territorial, que puedan comprometer la independencia judicial.
La Misión subraya que una evaluación integral del sistema actual es crucial para corregir deficiencias, fortalecer la independencia judicial y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones. Los aprendizajes extraídos podrían servir como referencia para otros países que implementen sistemas similares.
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