Los gobiernos municipales y las universidades públicas solicitaron formalmente ser incorporados en el proyecto de ley que plantea la devolución del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) retenido durante la gestión 2025, en medio de las dificultades financieras que atraviesan las entidades subnacionales y las instituciones públicas.
En diálogo con El Guadalupano Periódico Digital, el senador nacional César Mentasti confirmó que tanto las alcaldías como las universidades públicas formalizaron su pedido para formar parte de los beneficiarios contemplados en la iniciativa legislativa que busca recuperar los recursos retenidos mediante el mecanismo establecido para fomentar la exploración y explotación de hidrocarburos.
Mentasti explicó que el proyecto fue planteado inicialmente con el objetivo de atender la situación de iliquidez de los gobiernos departamentales, pero que la solicitud de municipios y casas de estudios superiores abre la posibilidad de ampliar el alcance de la norma para que otras instituciones que también enfrentan una reducción de ingresos puedan acceder a estos recursos.
La propuesta ya recibió la aprobación de la Cámara de Senadores y actualmente se encuentra en etapa de análisis en la Cámara de Diputados. De acuerdo con el legislador, incorporar a los gobiernos municipales y universidades requerirá introducir modificaciones técnicas al texto aprobado, por lo que el proyecto podría retornar posteriormente al Senado para su revisión.
El senador anticipó que, en caso de que la Cámara Baja realice las modificaciones correspondientes para incluir a estos sectores, existiría un respaldo favorable en el Senado. De esta manera, el tratamiento de la norma podría continuar con una nueva revisión antes de su eventual aprobación definitiva.
Asimismo, Mentasti cuestionó el funcionamiento del fondo petrolero y sostuvo que las retenciones aplicadas a las entidades subnacionales no habrían generado los resultados esperados en materia de dinamización de la actividad hidrocarburífera. A su criterio, el mecanismo terminó profundizando las dificultades económicas de las instituciones afectadas por la reducción de ingresos.
El legislador consideró necesario aplicar un criterio de equidad territorial en la distribución y recuperación de los recursos, tomando en cuenta que la crisis financiera no afecta únicamente a las gobernaciones, sino también a municipios y universidades públicas que requieren recursos para garantizar el cumplimiento de sus responsabilidades institucionales.
Finalmente, Mentasti señaló que el debate en la Cámara de Diputados será determinante para definir el alcance final de la propuesta. La eventual inclusión de municipios y universidades implicaría una modificación al proyecto ya aprobado por el Senado y, posteriormente, un nuevo análisis de la norma en ambas cámaras antes de que pueda convertirse en ley.
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